Una de las causas judiciales que pone el foco en el Gobierno de la Comunidad de Madrid se remite al escándalo de la Formación Profesional regional por presunta prevaricación, séase, por la construcción y reforma ilegal de centros de educación secundaria. Ahora, la juez instructora ha impedido que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que representa al conjunto de la región, se persone como acusación popular en la investigación que está en curso, además de que debe esclarecer si existen suficientes indicios de los presuntos delitos para abrir o no un juicio oral.
Así lo ha adelantado este lunes eldiario.es, que recoge que la magistrada no ve “lugar” a que el Ejecutivo de la Puerta del Sol esté presente en la instrucción judicial como parte perjudicada en el presunto caso de corrupción que nació en el propio seno de la región, para ser más exactos, en la anterior legislatura de Ayuso, en su Consejería de Educación entre 2021 y 2023, cuando Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid, ostentaba el cargo, así como con Rocío Albert como ‘número dos’.
Esta investigación judicial trata de aclarar si se produjo un presunto fraccionamiento ilegal por parte de miembros del Gobierno de Ayuso de más de tres millones de euros en contratos menores para otorgar, a dedo, la reforma de hasta una docena de centros educativos de secundaria. Cabe reiterar que el Ejecutivo madrileño tiene derecho a recurrir la decisión, así como que en el proceso judicial, están personados Podemos, PSOE, Más Madrid y Comisiones Obreras (CCOO).
La magistrada instructora ha desestimado la personación de la Comunidad de Madrid, coincidiendo en grandes aspectos con la versión que ha ofrecido Educación desde que se supo del caso, justificando así que se debe a hechos aislados cuya cúspide se sitúa en un subdirector cesado tiempo atrás de manera inmediata en marzo de 2023. El informe de la Fiscalía al respecto ya apuntó a una “palmaria omisión del procedimiento” y, según la Consejería, el principal responsable habría sido este excargo cesado.
La jueza, ya advirtió también el pasado mes de noviembre de “la existencia de una infracción penal” de posible prevaricación administrativa, a lo que la Fiscalía sumó su valoración de “una actuación administrativa claramente irregular y presuntamente delictiva”. El informe de la Fiscalía al respecto ya apuntó también a una “grosera y palmaria omisión del procedimiento” y, según la Consejería, el principal responsable habría sido este excargo cesado.
Cronología de los hechos presuntamente delictivos
Las primeras noticias que trascendieron sobre este presunto caso de prevaricación se dieron a conocer el 18 de septiembre de 2023, cuando dos centros educativos de la Comunidad de Madrid, ubicados en San Fernando, recibieron burofaxes en el que se les reclamaban abonar “las cantidades adeudadas por su institución”, séase, un total de 1.460.724,80 euros. El abril de 2024, esta situación llevó a que el Gobierno de Ayuso denunciase a un ejecutivo y dos funcionarios tras la apertura de la investigación al respecto por parte de Fiscalía.
En el informe del Ministerio Público del pasado octubre, se recogía que se realizaron “obras relevantes en centros públicos de enseñanza, permitiendo su realización encubierta, camuflada por diferentes pagos fraccionados que impedirían a priori ver la entidad y trasfondo de las actuaciones”, añadiendo que, en un principio, estas reformas “se habrían llevado a cabo, no existiendo, en principio, perjuicio para la Administración, pero se eludió de forma evidente la normativa de contratos del sector público beneficiando a un entorno determinado”.
Posteriormente, fue este mes de febrero, el Ejecutivo madrileño presentó un escrito para personarse en la causa y poder ejercer la acusación particular en el procedimiento en concepto de perjudicado. Recordaron entonces que la Consejería, en marzo del pasado año 2024, envió un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigara las presuntas irregularidades detectadas en las obras de reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar y la implicación en las mismas de distintos funcionarios públicos.
Fue la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la que avanzó que el Ejecutivo madrileño se iba a personar cuando la instrucción lo permitiera. En concreto, reivindicó que fue el Gobierno autonómico quien acudió a Fiscalía para "investigar irregularidades detectadas" en varios centros ante la posibilidad de que se hubieran "fraccionado contratos".
