El tiempo de las palabras se agota. Las versiones, los reproches cruzados y las defensas públicas quedarán atrás este jueves, cuando Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se vea cara a cara con la justicia. No habrá micrófonos, cámaras ni mítines: solo el eco de las preguntas en una sala de los juzgados de Plaza de Castilla. El jueves de la verdad ha llegado.
La cita judicial, programada para las 10:00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla, se centra en presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Estos cargos se suman a las acusaciones previas de fraude fiscal y falsedad documental que pesan sobre él.
La investigación actual se originó tras una inspección de la Agencia Tributaria que detectó irregularidades en las operaciones financieras de González Amador. En particular, se cuestiona la adquisición en 2020 de la empresa Círculo Belleza SL, dedicada a la estética, por un monto cercano a los 500.000 euros. Esta empresa carecía de empleados y activos significativos, lo que ha llevado a sospechar que la transacción pudo haber sido una simulación para encubrir una comisión ilícita relacionada con contratos adjudicados a las empresas de González Amador.
Además, se investiga si González Amador utilizó esta sociedad adquirida como una pantalla para ocultar ingresos y reducir su carga tributaria, simulando la prestación de servicios que en realidad no se habrían llevado a cabo. Estas maniobras podrían constituir delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, al perjudicar potencialmente el patrimonio de Quirón Prevención y vulnerar la transparencia en las relaciones empresariales.
La comparecencia de González Amador ha generado una considerable atención mediática y política. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido públicamente a su pareja, calificando las acusaciones como parte de una "persecución política" orquestada por el Gobierno central y otros actores políticos. Ayuso ha sostenido que su pareja está siendo sometida a un "juicio mediático" y ha cuestionado la imparcialidad de las investigaciones.
Coincidiendo con la declaración judicial de González Amador, Ayuso ha programado un viaje oficial a Ecuador del 8 al 11 de abril. Este desplazamiento ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que lo interpreta como una estrategia para eludir responsabilidades y evitar pronunciarse sobre el caso en el ámbito político madrileño. La agenda de Ayuso en Ecuador incluye reuniones institucionales y la firma de acuerdos de cooperación, pero su ausencia en un momento clave ha suscitado controversia.
El proceso judicial contra González Amador también ha tenido implicaciones en el ámbito periodístico. Más de cincuenta periodistas especializados en información judicial han expresado su respaldo a colegas investigados por informar sobre la causa abierta relacionada con la filtración de datos del novio de Ayuso. Consideran que estas investigaciones afectan gravemente al derecho de la sociedad a recibir información veraz sobre casos de relevancia pública y advierten sobre el riesgo de un efecto disuasorio que podría perjudicar la labor periodística y, por ende, a la democracia.
