Guadalupe Sánchez Baena es licenciada por la Universidad de Alicante (1995-2000) y ha ocupado espacio en los medios de comunicación en los últimos días al tratarse de la abogada que defiende al rey emérito después de que éste emprendiera acciones legales contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por comentarios vertidos en los medios de comunicación que, a su juicio, resultan lesivos para su derecho al honor.
Sánchez es la letrada civilista que representa al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el caso por el que se investigan dos presuntos fraudes fiscales que él mismo reconoció a la Fiscalía vía correo electrónico. Fue durante su trabajo en esta causa que denunció el robo de su ordenador portátil, un hecho que, en principio, no estaría relacionado con la pareja de la presidenta regional.
La Guardia Civil detuvo a tres personas implicadas en estos hechos a la vez que analizaba denuncias de otras de las partes de la defensa del empresario, también por acceso a sus viviendas, e incluso del propio novio de Ayuso. En este último caso porque habrían accedido a su vehículo privado. Entre los denunciantes se encontraba el arquitecto del ático que la pareja de la presidenta comparte con la política en pleno barrio de Chamberí, valorado en un millón de euros y cuyas obras no han quedado exentas de polémicas al poder ser ilegales. Sea como fuere, la oposición ha intentado acceder al expediente del inmueble, sin éxito.
Canales conservadores y contra Sánchez
Entre otros de los casos mediáticos que ha llevado a cabo Sánchez Baena destaca el del cineasta Carlos Vermut, denunciado por varias mujeres por presuntos abusos sexuales. El director elevó acciones legales contra El País, medio que había publicado la noticia en enero de 2024, así como a la directora Pepa Bueno y a los periodistas que firmaron los artículos relacionados con el caso.
La abogada dirige el bufete Novalex, un despacho que capitanea a medio camino entre Madrid y Alicante, y es tertuliana, colaboradora o, directamente, columnista de varios medios de comunicación. En este sentido, escribe asiduamente en The Objective como articulista, pero también en espacios como Libertad Digital, y participa en la tertulia de Herrera en Cope , El Cascabel (Trece TV) o El Toro TV.
Nunca ha escondido su postura liberal, ni en medios de comunicación, ni en redes sociales (@proserpinasb), donde resulta bastante activa. Con más de 100.000 seguidores, se postula como férrea defensora de elementos del Estado de derecho como la presunción de inocencia, las garantías procesales, la libertad de expresión o la independencia judicial.
Su posición queda igualmente patente en sus libros, dos por el momento: Populismo punitivo (2020) y Crónica de la degradación democrática española (2023), ambos bajo el sello de la editorial Deusto, de Planeta. Con declaraciones que no pasan desapercibidas como “Vox y el ultrafeminismo se alimentan” -palabras pronunciadas en El Independendiente- o que cargan contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha ganado un puesto en ese pensamiento liberal desde el punto de vista jurídico.
La abogada ha denunciado en varias ocasiones, también a través de su libro, la “voladura institucional” que, a su juicio, sufre España desde el procès y, sobre todo, desde que el actual responsable del Ejecutivo pasara a ocupar La Moncloa, en 2018. Los dos libros fueron presentados por la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Defensa de Juan Carlos I
Ahora, el padre de Felipe VI ha encomendado a Sánchez su representación, quien ha pedido en los juzgados de Primera Instancia de Santander la celebración de un acto de conciliación para trata de evitar el litigio.
Lo que pide la defensa de Juan Carlos I es que Revilla rectifique en unas declaraciones que considera “difamantes y oprobiosas” acudiendo -o pronunciándose de otra manera- a los mismos medios en los que se pronunció en estos términos. Asimismo, reclama 50.000 euros al político por daños morales, una cantidad que, sostiene, irá destinada “íntegramente” a Cáritas.
El robo del ordenador
Ella misma denunció los hechos en una entrevista concedida a ViOne Media, en la que fechó el robo a 10 de diciembre y, si bien al principio “no dio importancia”, después sí estableció una posible relación con el caso llevado a cabo. “Lo que pasa es que al comunicarlo, algunos compañeros con los que colaboro en la representación de un cliente muy concreto, que es Alberto González Amador, que para quien no lo sepa es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, empezamos a poner información en común”, emplazó.
“Y resulta que a uno de ellos también le entraron en su vivienda (…) Llamativamente no se llevaron nada, pese a que tenía cosas que a los típicos raterillos les podía interesar”, señaló, para apostillar que, durante aquellos días también entraron en su casa.
