Los jueces y fiscales han puesto fin a su huelga tras tres días de convocatoria en la que el seguimiento ha rondado el 70% y, aunque no extienden el parón, no descartan convocar nuevas movilizaciones en el futuro. La APM Nacional, la asociación española mayoritaria de jueces, ha emitido un comunicado firmado junto con otras entidades para valorar los resultados de la convocatoria y dar explicaciones detalladas sobre sus motivaciones.
"Tras la finalización de los tres días de huelga convocados los días 1, 2 y 3 de julio de 2025, las asociaciones profesionales firmantes queremos trasladar a la ciudadanía, a los operadores jurídicos y a las instituciones del Estado una valoración conjunta del proceso de movilización", arranca la misiva. "La huelga, secundada por una media del 70% de jueces y fiscales, constituye un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática. Nunca se había producido una movilización de tal magnitud, lo que pone de manifiesto la gravedad de las reformas legislativas en curso", valoran, siguiendo con el pulso al Ministerio de Justicia.
"Queremos agradecer la responsabilidad, compromiso y determinación de todos los compañeros y compañeras que han ejercido este derecho fundamental con serenidad y ejemplaridad institucional", continúa el texto. Cabe destacar que, en España, no todos los trabajadores tienen derecho a la huelga, y entre ellos, además de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se encuentran los jueces y magistrados.
Argumentos aportados por los jueces
Los motivos que han llevado a este sector a movilizarse han sido, según el propio comunicado, los siguientes:
- La introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos mediante un examen ad hoc que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad. Supone un agravio comparativo con el acceso por turno libre y perjudica a más de 4.000 opositores.
- Reducción de la excelencia en todos los sistemas de accesos a las carreras judicial y fiscal, incrementando la subjetividad en la evaluación y premiando a los que acceden por concurso de oposición con cinco años de antigüedad ficticia para anticipar su acceso a cargos de designación discrecional.
- Atribución al Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Gobierno, competencias para preparar opositores, evidenciando riesgo de selección ideológica.
- Limita la financiación de las asociaciones judiciales y fiscales, para reducir su capacidad operativa y función.
- Prevé la designación de 4 de los 9 miembros de la Comisión de Ética Judicial por las Cortes Generales, con riesgo de designación partidista como ocurre con el CGPJ, posibilitando su politización y deslegitimando su función.
- Se limita la representatividad de la carrera en la elección de miembros de Salas de Gobierno.
- Se refuerza el poder del Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, limitando aún más la autonomía e imparcialidad de la Fiscalía, como paso previo a atribuirles la instrucción.
A su juicio, esta serie de cambios "representan un deterioro de los estándares constitucionales y europeos de independencia judicial". En cuanto al Ministerio de Justicia, los firmantes han afeado una actitud "inmovilista" y "poco abierta al diálogo".
No prolongar la huelga para "no dar una falsa imagen de desmovilización"
Entre los argumentos aportados para no prolongar durante más días la huelga, los jueces exponen una "circunstancia material ineludible": "Nos encontramos ya inmersos en el mes de julio, momento en el que el porcentaje de compañeros y compañeras que se cogen vacaciones crece exponencialmente. Por un lado, esto dificulta enormemente la obtención de datos de seguimiento representativos y homogéneos, provocando distorsiones que desvirtúan la percepción pública e institucional del respaldo real a la movilización. Por otro, aún más importante, la afección efectiva al funcionamiento de Servicio Público de Justicia se ve tan reducida que, en términos operativos, la medida pierde toda su capacidad de presión o visibilidad, quedando diluida hasta el punto de resultar ineficaz".
"En consecuencia, prolongar de forma inmediata la huelga en este contexto no solo podría carecer de impacto institucional, sino que podría generar una falsa imagen de desmovilización, totalmente ajena al compromiso mostrado por la mayoría de la carrera durante las jornadas del 1, 2 y 3 de julio", exponen.
Por último, las togas sentencian que "el comité de huelga mantiene su actividad con sentido estratégico, responsabilidad y unidad de acción, en una situación de vigilancia permanente y plena disponibilidad operativa para activar inmediatamente nuevas medidas de conflicto colectivo cuando concurran las condiciones jurídicas, institucionales y sociales que garanticen su eficacia". En esencia, no cierran la puerta a nuevas convocatorias.
Comunicación a las Carreras Judicial y Fiscal pic.twitter.com/GJJ6f3cdcv
— APM Nacional (@juecesAPM) July 4, 2025