Este martes arranca una huelga de tres días convocada por las principales asociaciones judiciales de corte conservador, en protesta por las reformas anunciadas por el Gobierno en materia de acceso a las carreras judicial y fiscal, así como en la organización del Ministerio Fiscal. La protesta, que se extenderá hasta el jueves 3 de julio, ha sido impulsada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Frente a ellas, dos voces relevantes en el ámbito judicial se han desmarcado claramente: Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Ambas organizaciones han decidido no secundar el paro, reflejando la fractura ideológica existente en el sector y evidenciando que no toda la carrera judicial comparte el rechazo a las reformas.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha rechazado dar marcha atrás en la propuesta legislativa, defendiendo que los cambios son "imprescindibles" para modernizar una Justicia que, en sus propias palabras, "arrastra estructuras propias del siglo XIX" y necesita adaptarse a los desafíos del siglo XXI. Desde el Gobierno se mantiene que estas reformas permitirán un acceso más equitativo y representativo a las carreras judicial y fiscal, abriendo la puerta a una judicatura más plural, menos elitista y más acorde con la sociedad actual.

No obstante, las asociaciones convocantes de la huelga han elevado el tono, denunciando que el nuevo sistema puede derivar en una "selección ideológica" de los aspirantes y una supuesta rebaja en la exigencia formativa. Acusan además al Ejecutivo de querer reforzar el poder del fiscal general del Estado, al que consideran excesivamente vinculado al Gobierno, aunque obvian que dicho cargo ya estaba designado por el Ejecutivo en anteriores legislaturas, incluso bajo gobiernos conservadores.

Resulta llamativo que estos argumentos coincidan con las posiciones que tradicionalmente han defendido la derecha política y mediática en su intento de frenar cualquier avance democratizador en la Justicia. La realidad es que el acceso actual a las carreras judicial y fiscal ha favorecido históricamente a perfiles de clases medias-altas con capacidad para financiar años de oposición sin ingresos, dejando fuera a miles de jóvenes cualificados sin recursos.

¿Derecho a huelga?

Lo que sale del Ministerio, tanto en público como en privado, es que es un clásico del sector. El titular del departamento, Félix Bolaños recuerda que otras grandes reformas del pasado, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 o la Ley contra la Violencia de Género, también fueron inicialmente rechazadas por parte del estamento judicial, pero hoy gozan de consenso y han supuesto avances innegables para la ciudadanía.

Desde los sectores progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también han mostrado sus dudas sobre la legalidad de la huelga. El Pleno extraordinario del CGPJ, celebrado la semana pasada, concluyó que los jueces y fiscales, como integrantes de un poder del Estado, no disponen legalmente del derecho a huelga. Sin embargo, no se contempla sanción alguna para quienes la secunden.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha incidido en que deben garantizarse todas las actuaciones judiciales esenciales para no perjudicar a la ciudadanía, como los juicios previamente señalados. A pesar de la falta de un marco normativo específico, las asociaciones convocantes han fijado sus propios servicios mínimos para evitar un impacto desproporcionado.

Desde el Gobierno ya se ha solicitado al CGPJ la activación del mecanismo para descontar del salario los días de huelga a quienes no acudan a trabajar. Esta medida, ya aplicada en anteriores ocasiones como en 2018, tiene por objeto garantizar la responsabilidad y coherencia en el ejercicio de este derecho.

Una vez concluya esta huelga, las asociaciones han anunciado que valorarán nuevas acciones en función de la evolución del trámite parlamentario. Lo cierto es que esta protesta, que algunos sectores conservadores intentan presentar como una defensa del Estado de Derecho, se perfila más como una resistencia a perder privilegios históricos que como una preocupación real por la independencia judicial.

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