El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños, ha anunciado un ambicioso proceso de estabilización en la carrera judicial que contempla la convocatoria de 1.004 nuevas plazas. Se trata de una medida clave recogida en la nueva Ley de Ampliación y Fortalecimiento de la planta judicial, y que tiene como objetivo principal ofrecer estabilidad laboral a quienes llevan años ejerciendo en la judicatura y la fiscalía, especialmente a las mujeres, que constituyen el grueso de los puestos temporales.
Del total de plazas ofertadas, 673 estarán destinadas a jueces y 331 a fiscales. Esta convocatoria, que se pondrá en marcha en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, supone un hito en la modernización del sistema judicial español, al tratarse de la mayor oferta de estabilización de personal jurídico en las últimas décadas.
El anuncio de Bolaños responde a una demanda histórica del sector y tiene como foco prioritario a las juezas y fiscales sustitutas, que representan aproximadamente el 80% del colectivo afectado. Muchas de ellas llevan años trabajando en condiciones de interinidad, sin acceso a una plaza fija, a pesar de asumir las mismas responsabilidades que sus colegas titulares.
La medida no solo busca hacer justicia con quienes han mantenido el sistema funcionando en los últimos años - a menudo en condiciones precarias -, sino también cumplir con los compromisos europeos en materia de temporalidad en el empleo público. La Comisión Europea ya había advertido a España sobre el abuso de la contratación temporal en el ámbito judicial, y este plan de estabilización pretende responder directamente a esas exigencias.
La convocatoria se realizará mediante un proceso de concurso-oposición, similar al que ya se aplica en el denominado “cuarto turno”, y estará regido por los principios de igualdad, mérito y capacidad. De este modo, se garantiza que el acceso a estas plazas se realice de forma transparente y respetando los criterios fijados por el Tribunal Constitucional.
Además, esta oferta se sumará a las cerca de 1.500 plazas adicionales que el Gobierno tiene previsto convocar en los próximos tres años, lo que pone de manifiesto una apuesta clara por ampliar, rejuvenecer y reforzar los recursos humanos del sistema judicial. En un contexto marcado por la sobrecarga de trabajo en juzgados y fiscalías, la medida busca aliviar la presión sobre el personal y mejorar la eficiencia del sistema.
El Ejecutivo considera que esta estabilización es una respuesta estructural y urgente para abordar los problemas crónicos de personal en la Justicia. Asimismo, permite avanzar en la igualdad de oportunidades en un entorno donde la brecha de género, aunque cada vez menor, sigue teniendo efectos visibles, especialmente entre quienes acceden a la carrera judicial por vías no convencionales.
