Con el telón de fondo de la huelga convocada por las togas de ‘derechas’, o dicho de otra manera, por las asociaciones de jueces y fiscales -menos las progresistas- está fijada para los primeros días de julio. Un parón que ha obtenido el rechazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este jueves pero que, desde el plano político, está teniendo cabida a nivel de reacciones entre los distintos signos políticos. Es el caso del PSOE han reformulado la pregunta para tratar de entender a qué se debe esta convocatoria.
El portavoz de los socialistas en el Congreso de los Diputados, Patxi López, en declaraciones este jueves al programa ‘Malas Lenguas’ desde la Cámara Baja, ha enumerado una serie de preguntas por las que cuestiona el fondo y la forma de la huelga: “Me tendrán que decir por qué era esta huelga. Es una huelga netamente política. ¿A qué se oponen los jueces? ¿A la gente que se tiene que preparar esas oposiciones tenga una beca durante años igual al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)? ¿A que, desde lo público, puede haber preparadores que ayuden a aquellos que no pueden pagarse un preparador privado? ¿A que los jueces sustitutos, que dictan el 20% de las sentencias del país por concurso oposición, puedan acceder a la carrera judicial?”, ha reiterado en su intervención.
En estos términos, López ha vuelto a preguntar a “qué se oponen” estos jueces y fiscales del ámbito de derechas con la reforma impulsada por el Gobierno central: “Es la mayor que se ha hecho desde que llegó la democracia. Es una huelga política pura y dura”, ha terminado ahondando.
¿A qué se oponen los jueces en huelga?
— patxilopez (@patxilopez) June 26, 2025
¿A que la gente que prepara oposiciones tenga una beca igual al SMI? ¿A que haya preparadores públicos para quienes no puedan pagarse un preparador privado?
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El CGPJ desoye la huelga de las togas de ‘derechas’
Con la vista fijada en la convocatoria de huelga para los días 1, 2 y 3 de julio, séase, la próxima semana, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dictaminado que no atenderá a esta convocatoria, advirtiendo al paso de que no tiene competencias para fijar servicios mínimos en el ámbito judicial durante estas jornadas de parones.
El acuerdo en el Poder Judicial, al que ha tenido acceso ElPlural.com, los vocales han dado luz verde a que “participar a las asociaciones mencionadas en el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ, fijar servicios mínimos”, tal y como se fijó previamente en 2009, 2012 y 2013.
Bajo este marco, el Poder Judicial ha declarado que la convocatoria de huelga no debería afectar al reparto de asuntos, a los servicios de guardia, a las decisiones urgentes de instrucción, a los procedimientos para la tutela de derechos fundamentales, a los procesos o incidentes en que intervengan personas vulnerables, a las medidas cautelarísimas, y, en general, a cualquier otra decisión judicial inaplazable o cuya demora resulte inconciliable con los derechos fundamentales o con la dignidad de un poder del Estado como es el Poder Judicial.
En estos términos, los vocales del CGPJ han insistido en que, aunque el derecho a huelga está reconocido en la Constitución, no está regulado para los jueces, y que descartan posibles sanciones a los magistrados que se sumen a la convocatoria.
