Continúa la guerra entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el sector conservador de la magistratura. Asociaciones de tendencia derechista de jueces y fiscales se han liado la manta a la cabeza, convocando una concentración ante el Tribunal Supremo a modo de huelga de tres días en el mes de julio. La rebelión de los togados da un paso en su cruzada contra la ley de acceso a la carrera judicial y fiscal que prepara el departamento que encabeza Félix Bolaños, desde donde insisten en privado que la normativa responde al sentir mayoritario de la Cámara Baja y de una sociedad ávida de modernizar una Justicia “decimonónica”. Por ello, fuentes del ministerio trasladan que la iniciativa “seguirá con su tramitación en las Cortes”, aunque manifiestan su respeto por el llamamiento al paro.
La confrontación no cesa. Los togados dan un paso más en su rebelión contra la Ley de acceso a la carrera judicial y fiscal. Asociaciones de tendencia conservadora, encabezadas por la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, han llamado a filas a los togados para redoblar el pulso al Gobierno en un ejercicio que puede incluso vulnerar el principio de separación de poderes. Entre fuertes críticas y palabras gruesas hacia el Ejecutivo, han convocado una huelga con concentraciones frente al Alto Tribunal durante tres días en el mes de julio.
Insisten, a través de un escrito conjunto, en presionar a Moncloa para que recule y retire la Ley de acceso a la carrera judicial y fiscal, dibujando tal articulado como una intromisión del poder Ejecutivo en el Judicial. Pese a que en el manifiesto garantizan que “no es una protesta contra ningún poder del Estado” en particular, amenazan al Gobierno con un paro los días 1, 2 y 3 de julio en caso de que “no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos”.
Incluso abren esa convocatoria a “todos los operadores jurídicos” y a una ciudadanía “verdaderamente comprometida” en la defensa de una “justicia independiente y al servicio del interés general”. A su parecer, la iniciativa del departamento de Bolaños “vulneran los estándares europeos” con la adición de “disposición” orientadas a la “debilitación de la estructura, la percepción y la operatividad independiente del sistema judicial español”.
Justicia se planta
El Gobierno no parece dispuesto a dar su brazo a torcer en la cuita con la magistratura. Pese a las llamadas a la huelga y las amenazas vertidas hacia Moncloa, fuentes consultadas del Ministerio apuntan que la normativa saldrá sí o sí. “Las reformas seguirán su tramitación en las Cortes”, explican estas voces, que si bien respetan el carácter democrático del parón convocado y de las protestas anteriores, subrayan que la ley está legitimada y sustentada sobre una “mayoría parlamentaria y social”.
Insisten en que la dicotomía de la judicatura pasa por las reformas o el “inmovilismo”. Encapsulan en la normalidad las reticencias de magistrados y fiscales, habida cuenta de que es un sector alérgico a los cambios y que tiende a enzarzarse con la modernidad. Confían en que lo que ahora supone una trinchera, el día de mañana cambie a consenso. “Así ha sucedido con todas las reformas de la Justicia”, subrayan desde el entorno de Bolaños.
Espíritu modernizador y europeísta
En el Ministerio blindan su ley, reivindicando su espíritu renovador para aclimatar un sector tendente al inmovilismo a los estándares del siglo XXI. De hecho, aseguran que la reforma dotaría a la judicatura de mayor “eficacia y agilidad”, además de acercarlo a la ciudadanía y apuntalar “su independencia y excelencia”. “Cuando esté aprobada y en vigor, tendremos una Justicia mucho mejor”, sugieren las fuentes consultadas.
Y es que la iniciativa multiplicaría el número de plazas en la judicatura, con una previsión de 500 anuales durante tres años. Es decir, “muchos más jueces, magistrados y fiscales que nunca” en la historia de la judicatura española. Además de exportar un sistema de becas que democratizaría el acceso a la carrera judicial, blindando la “igualdad de oportunidades” para no perder el “talento de estudiantes brillantes” cuyos orígenes sean “más humildes”.
Se saca lustre también a las pruebas para acceder a la carrera judicial y fiscal. Una maniobra que se aleja del sistema “decimonónico” actual, sustentado por la capacidad memorística del opositor. El nuevo modelo no suprime este paso, sino que lo condimenta con otras pruebas en las que se evaluará la “expresión escrita” y la capacidad del candidato para la correlación de conocimientos. Además, se pondrá fin a la precariedad de las juezas y fiscales sustitutas (el 80% del total son mujeres) a través de un proceso garantista y meritocrática que eludirá las amenazas de sanciones millonarias de Bruselas.
En suma, un aire renovador al sistema judicial desde sus bases que lo homologará con los accesos a la carrera de otros países del entorno europeo. Lo mismo que ocurrirá con la reforma de la LECrim, que concederá al Ministerio Fiscal la tutela de los procesos de instrucción y que también es fruto de las críticas de las asociaciones sublevadas. “Homologaremos nuestro proceso penal al resto de Europa”, subrayan las fuentes consultadas.
