El ambiente judicial está caldeado. Asociaciones conservadoras han declarado la guerra al Gobierno por la ley de acceso a la carrera judicial y fiscal. Concretamente, contra el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que encabeza Félix Bolaños. El articulado no ha caído bien entre las plataformas, que han aglutinado todas sus quejas en una iniciativa bautizada como Las mil y una togas y reproduce el malestar de los togados con el proyecto legislativo. Para contrarrestar la narrativa contestataria, desde Moncloa han elaborado una suerte de decálogo para combatir unas críticas que fuentes del departamento del ramo catalogan de bulos.
A pesar del ruido de fondo y la amenaza de parón para el próximo 11 de junio de jueces y fiscales, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no tira la toalla y confía no sólo en sacar adelante la ley de la discordia, sino en que las críticas que provienen de las asociaciones de togados amainarán con el tiempo. En Moncloa son conscientes de que los cambios en la judicatura siempre generan conflicto y deslizan que, si de estas mismas agrupaciones dependiera, España continuaría con una legislación jurídica que data del siglo XIX en su mayoría. Con todo, el Gobierno no tira la toalla y el canal sigue abierto con jueces y fiscales.
Ofrecimientos aparte, estas mismas voces disparan hacia las asociaciones que encabezan el levantamiento de los togados. Todas ellas ahora aglutinadas bajo Las mil y una togas; una iniciativa que recopila todas las quejas de jueces y fiscales al articulado de Justicia para reformar y democratizar el acceso a la carrera judicial. Entienden que estos colectivos persiguen un interés meramente asociativo, pero remarcan que el que ha de prevalecer es el interés general que busca el Gobierno de la Nación.
Y es que cinco de los siete grupos que han llamado a los paros de 10 minutos la próxima semana han tenido acceso al grueso del articulado de forma directa. Por ello, desde el Ministerio que encabeza Félix Bolaños urgen a afrontar las negociaciones desde el rigor para generar un clima de debate exhaustivo. Las reticencias, como apuntan estas fuentes, son humanas y están bien adheridas a la piel de un sector tendente al inmovilismo como es la judicatura, pero redundan en que las leyes han de modernizarse y amoldarse también a los estándares europeos.
Decálogo del bulo
Sobre estos dos argumentos pivota el Gobierno para edificar lo que bautizan como un decálogo del bulo. La narrativa contestataria pone el foco sobre el cuarto turno y la proliferación de jueces afines al parecer del Ejecutivo. Algo que desde Justicia niegan en rotundo y sobre ello cimentan los diez mandamientos de una ley que, dicho sea de paso, ha llegado al plazo de enmiendas de totalidad con sólo las propuestas de Vox y Partido Popular. Hecho que alimenta el optimismo en la cartera que dirige Félix Bolaños.
En cualquier caso, el primero de los diez puntos elaborados por el Ministerio niega la mayor de las asociaciones. En el espíritu de la reforma no está incluida la colocación de jueces afines al Gobierno de turno. Señalan que la iniciativa nace de las obligaciones europeas para acabar de los jueces sustitutos y llega después de recopilar varias amonestaciones de sanción. De hecho, apostillan que los togados han sido seleccionados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los tribunales superiores de justicia autonómicos.
Tampoco, al contrario de lo que profesan desde las asociaciones, desaparecerá el actual proceso de oposición, sino que lo refuerza. Se robustece la carrera judicial al incluir un examen escrito –anónimo e idéntico para los postulantes- a la clásica prueba oral. Precisamente esta prueba no imprime mayor subjetividad, sino que reduce el impacto aleatorio de que los temas a cantar sean elegidos por sorteo. Además, justifican que los magistrados, propensos a redactar sentencias, deben someter sus habilidades comunicativas escritas al escrutinio de los correctores.
Justicia tacha de falsa la premisa de que la ley perjudica a los opositores, poniendo el foco en el cuarto turno (concurso-oposición), pues el proceso de regularización de plazas no afecta a los opositores. Tampoco lamina las opciones de las últimas promociones, pues las fuentes del Gobierno transmiten que quienes entren en la carrera vía proceso de estabilización – exigido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea -, lo harán por detrás de los opositores. Los años de antigüedad tan sólo re reconocerán para formar parte de procesos de selección del CGPJ.
La figura del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) es otra de las dianas de las asociaciones al entender que politizará el perfil de los preparados. Sin embargo, fuentes gubernamentales garantizan que no existirá una suerte de cuerpo de preparadores, sino que se trata de una institución pública cuyo fin será ofrecer espacios a preparadores que ya ofrecen este trabajo. Lo que sí implementarán, en cambio, es una regulación tributaria que acabe con los pagos en metálico y en negro.
La financiación privada de las asociaciones no se verá afectada por la reforma. El Gobierno explica que no se pretende atacar a su operatividad, sino que pretenden dotarle de mayor prestigio a través de financiación pública y de sus propios afiliados. De este modo, sostienen las mismas fuentes, se pretende evitar que los magistrados financiados por entes privados emitan sentencias contra esas mismas firmas. El articulado, a su vez, busca la reforma de la Comisión de Ética del CGPJ que las asociaciones tachan de injerencia del Ejecutivo en el Legislativo. Moncloa lo niega, partiendo de la base de que sólo contempla una ampliación de dicha comisión con la adición de cuatro catedráticos de ética y filosofía de Derecho. Ni tampoco atenta contra el Estado de Derecho, por lo que insisten en que se lean la normativa sin prejuicios y con especial atención.
Por último, los colectivos de togados alegaban que el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal quiere colocar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero fuentes del Gobierno recuerdan que la normativa en cuestión no entraría en vigor hasta el ejercicio 2028, cuando el jefe del Ministerio Fiscal habría ya cumplido dos mandatos; además de ser un año después de la convocatoria electoral.
