Vox ya ejerce poder sobre los menores migrantes tras las cesiones del PP

Cuando el Ministerio de Juventud e Infancia se reúna con los consejeros de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial, Vox ya tendrá tres representantes en ese cónclave. Los pactos con el Partido Popular en Extremadura, Aragón y Castilla y León (y posiblemente en Andalucía) tras las últimas elecciones han provocado que sean tres los consejeros de la extrema derecha con las competencias en este ramo, lo que significa, por traducción directa, que Vox ya ejerce poder sobre los menores migrantes tras las cesiones de los de Alberto Núñez Feijóo. Los de Abascal han presentado especial énfasis en controlar este departamento, precisamente, por suponer las competencias directas sobre los menores extranjeros no acompañados, cuya distribución por los territorios se trata en esa mesa conjunta. Personas, niños y adolescentes, despreciados por los ultras con el acrónimo MENAs y que son el objetivo de ataques en su discurso antiinmigración.

Cabe recordar cómo se distribuyen las competencias sobre este asunto. Mientras que al Gobierno central le corresponde atender la política migratoria en general, a las comunidades les corresponde la tutela y acogida de los niños y menores extranjeros. En Aragón, Extremadura y Castilla y León, lugares donde se han celebrado elecciones recientemente y los 'populares' han tenido que pactar con la extrema derecha para poder gobernar, Vox se ha hecho con estas competencias, en carteras cuyos nombres varían ligeramente.

En verano de 2024, los ultras abandonaron los Gobiernos que compartían con el Partido Popular, precisamente con la excusa de que el PP había aceptado la distribución no obligatoria de los menores extranjeros. Dos años después, los de Abascal retoman el control de las riendas con los nuevos pactos, y ahora se verá, verdaderamente, hasta dónde pueden llegar (y hasta dónde les permite la ley hacerlo). Concretamente en Extremadura, dichas funciones se han subsumido bajo la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia; en Aragón, en la de Desregulación, Bienestar y Familia, y en Castilla y León, en la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. En las dos primeras, además, ambas corresponden a una vicepresidencia, lo que les otorga aún más peso, y se encargan de ellas los líderes de Vox que han concurrido a las urnas, Óscar Fernández y Alejandro Nolasco, respectivamente.

"La Junta rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad", reza, por su parte, el pacto firmado por PP y Vox en Castilla y León, anunciado el miércoles y sobre el que todavía se desconoce lo que ocurrirá con la respectiva Consejería del ramo. Como en Extremadura y en Aragón, los ultras también quieren promover mecanismos de retorno a sus países (aunque las comunidades no tienen competencias para ello) y pretenden reforzar los mecanismos de "verificación de edad" de los menores.

Pruebas forenses a todos los menores extranjeros

Sobre este último punto se ha hablado en Aragón. El miércoles, el vicepresidente Nolasco informaba de que "solicitará pruebas forenses de edad a todos los menores extranjeros no acompañados que sean enviados forzosamente a Aragón por el Gobierno de España", ante lo que ellos consideran "casos de fraude". El pasado 25 de mayo, el Ejecutivo aragonés expulsó de un centro de acogida a un interno después de que el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) determinase que no tenía 13 años, sino que rondaba los 20, hecho que propició la comunicación de Nolasco.

No obstante, cabe destacar que pese a las reivindicaciones de la extrema derecha, esa clase de pruebas solo las puede ejecutar la Fiscalía y no dependen de la decisión de una comunidad autónoma sin competencias para ello. Cabría la posibilidad, por ejemplo, de que se compraran más dispositivos con ese propósito si así lo deseara la administración autonómica, pero siempre tendrá que ser la Fiscalía quien tome la decisión de realizar o no las pruebas, que además han sido condenadas por organismos internacionales por su imprecisión y por su carácter prejuicioso. Está previsto, por ello, que se reformen a través de un proyecto de ley del Gobierno central, cuya tramitación sigue, por ahora, paralizada. Por otra parte, el Tribunal Supremo reforzó la presunción de minoría de edad en casos de los jóvenes migrantes con identidad discutida, en una sentencia de este 29 de enero.

Sea como fuere, las competencias en este ramo estarán en manos de Vox en estas tres regiones, en lo que supondrá, además de una prueba de fuego para examinar su capacidad normativa, un altavoz en el que hacer sonar sus proclamas xenófobas. El PP, por su parte, también ha ido endureciendo su posición sobre los menores migrantes durante el año, oponiendo una gran resistencia al Gobierno central en la distribución obligatoria de los niños y adolescentes en la Península, con recursos judiciales que han llegado hasta el Tribunal Supremo.