La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha remitido un escrito a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que solicita que se recabe al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid testimonio “íntegro” de las actuaciones en papel a fin de tener un conocimiento “pleno” de lo actuado, y así pronunciarse si procede o no la admisión a trámite de la querella presentada por Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos y/o de actuaciones judiciales y otro continuado de prevaricación judicial contra el magistrado titular de dicho juzgado instructor, el juez Juan Carlos Peinado, por parte de una de las defensas.
Así, según han informado desde el Ministerio Público, una vez que el TSJM reciba toda la documentación requerida, la Fiscalía pide que de nuevo se les dé traslado para “informar sobre la naturaleza de los hechos y la procedencia o no de la admisión”. Según ha podido saber ElPlural.com, la fiscal no ve delito de revelación de secretos, pero necesita el sumario para poder pronunciarse sobre un posible delito de prevaricación continuada.
Por tanto, actualmente son tres las querellas presentadas contra el juez Peinado de las que ha informado la Fiscalía: la primera, la de Sánchez por prevaricación de la que se pidió la admisión, la segunda la de Begoña, y la tercera la presentada por el periodista Máximo Pradera por revelación de secretos en la que la Fiscalía ha informado a favor de la inadmisión de la misma.
La querella
Begoña Gómez presentó el pasado mes de julio una querella contra el juez que la investiga, Juan Carlos Peinado, por prevaricación judicial y revelación de secretos. La mujer del presidente del Gobierno siguió el mismo camino que abrió Pedro Sánchez unos días antes, cuando presentó otra querella de características muy similares. La representación procesal de Gómez decidió acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al considerar que el magistrado “ha adoptado decisiones judiciales arbitrarias y manifiestamente injustas mediante la emisión de resoluciones judiciales o adopción de decisiones comunicadas de forma verbal”.
La representación de Gómez señalaba que “no es la primera vez” que en el Juzgado de Peinado “se producen instrucciones en las que se vulneran garantías procesales y se usa la figura jurídica del secreto de sumario abusivamente” y alude a la sentencia del Tribunal Constitucional que asestó un varapalo al juez instructor. “Mereció el reproche de nuestro máximo órgano encargado de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, recuerda la defensa de Gómez, que considera que está volviendo a incurrir en dichas prácticas en esta ocasión.
Los abogados de la pareja del presidente consideran cuestionable la actuación del juez Peinado desde el comienzo, al aceptarse “una querella interpuesta por la asociación ultraderechista Manos Limpias” cuyo “único fundamento” son recortes de noticias publicadas, entre las cuales “algunas de esas supuestas informaciones ya han sido declaradas judicialmente falsas”. Asimismo, la querella presentada por Gómez recoge una serie de indicios que apuntan a que el magistrado podría haber incurrido en un delito de revelación de actuaciones declaradas secretas que, posteriormente, se publicaron en medios de comunicación.
Revelación de secretos a Vox
La parte querellante acusa a Peinado de haber revelado actuaciones a Vox, al Movimiento de Regeneración Política de España y al Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias. “Supone dar un acceso ilegal a una parte de las actuaciones que, en todo caso, debería haber dado lugar a una declaración de que el secreto a partir de ese momento era parcial mediante Auto, lo que no se hizo. E igualmente, de nuevo se actuó de la misma manera irregular con el traslado de las actuaciones a Movimiento de Regeneración Política de España”, recoge la querella.
La revelación de las actuaciones procesales declaradas secretas dio lugar a que las mismas fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación, actuación que el letrado Antonio Camacho considera que ha perjudicado “gravemente” a Gómez, puesto que se han divulgado informaciones y actuaciones declaradas secretas, mientras ella desconocía todos los extremos de la investigación, causándole “indefensión”, “un grave perjuicio ante la sociedad” y “sometiéndola a la pena del banquillo” con un “evidente daño al presidente del Gobierno”.
“Prevaricación continuada”
La defensa de Gómez suma a los dos delitos de revelación de secretos que imputa al juez, recogidos en los artículos 466 y 417 del Código Penal, el de prevaricación judicial, tipificado el artículo 446. La parte querellante acusa a Peinado de incurrir en un “delito continuado de prevaricación” al haber efectuado una aplicación del derecho “incomprensible”, “forzando” las normas aplicables, adoptando decisiones “no justificadas”. “Todo ello sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones”, recoge el documento de 51 páginas.
“Todo el actuar del querellado en su conjunto pudiera revelar una instrucción inusual, errática y prospectiva, que tiene por objeto una causa general contra Begoña Gómez y que pretende investigar toda su vida para tratar de determinar si en su conducta ésta ha cometido algún delito, lo cual está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico”, expone la querella, acusando a Peinado de dictar resoluciones “a sabiendas, manifiestamente injustas, injustificadas y sin amparo legal”. En consecuencia, el abogado considera que “existen indicios evidentes de que son adoptadas de forma arbitraria e injusta, pudiendo ser consideradas, por ello, constitutivas de un delito de prevaricación judicial”.
“El juez Peinado ha ido tomando a lo largo del procedimiento decisiones injustas y arbitrarias, de ampliación del objeto de procedimiento, que parecen rebatir, conscientemente y sabiendas, no uno, sino dos informes de la UCO que, tras la petición de los mismos por el Magistrado, han descartado la existencia de indicios de delitos en los hechos investigados”, añade la querellante, exponiendo como último acto de “carácter aparentemente prevaricador” la toma de Sánchez en la sede de la Presidencia del Gobierno. Actuación, esta última, que propició también la presentación de una querella por prevaricación contra el Juez por parte del líder del Ejecutivo.
