La Fiscalía ha enviado al Juzgado de Instrucción la calificación pide 15 años de cárcel para el empresario Alberto Luceño y 9 para su socio Luis Medina en la caso mascarillas, empresarios artífices de la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida durante los peores momentos de la pandemia de coronavirus en 2020 y que se embolsaron comisiones millonarias y por casi 6 milones de euros.

El Ministerio Público acusa a Alberto Luceño de un delito continuado de estafa agravada, un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y un delito contra la Hacienda Pública agravado. Por su parte, Medina se enfrenta a los dos primeros delitos.

El escrito asevera que los 6,24 euros por cada mascarilla que el consistorio abonó por cada una del millón de mascarillas que compraron a los procesados: “Fue, con gran diferencia, el precio más alto que un ayuntamiento español de más de 300.000 habitantes pagó por este tipo de producto”.

La Fiscalía Anticorrupción también solicita que empresarios indemnicen a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid con 7,8 millones de euros, además "del decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Alberto Luceño, y la cantidad de 912.700 euros en el caso de Luis Medina".

El relato de los hechos

En el escrito del fiscal se explica que, en la segunda quincena del mes de marzo de 2020, “en una situación de rápida evolución de la pandemia provocada por el Covid-19 y de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, Alberto Luceño Cerón, aprovechando que conocía a un empresario en Malasia que podía suministrar esos productos, acudió al también acusado Luis Medina, para que este, dado que era una persona conocida en la vida social española, buscara y le facilitara el contacto con posibles instituciones públicas interesadas en la adquisición de ese material”.

Con la anterior información y a través de una amiga común, Luis Medina “consiguió contactar con un familiar del alcalde de Madrid”, que le proporcionó una dirección de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid a la que podía dirigir su oferta. Luis Medina envió el 18 de marzo de 2023 un mensaje de correo electrónico a esta dirección, ofreciendo diverso material sanitario (trajes de protección, mascarillas, test COVID de anticuerpos, desinfectantes). En este mensaje, Medina afirmaba que estaba vendiendo ese material a varios gobiernos europeos y que trabajaba directamente con las fábricas, “lo cual resultó no ser cierto”.

Es en ese momento del relato donde el Ministerio Público afirma: “Ya desde este momento, la intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación”.

Dentro del despropósito que ha suesto este caso, apostilla el fiscal: "Alberto Luceño se presentó a Elena Collado -coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid- como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición. Asimismo, dijo actuar con ánimo altruista, movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que no actuaba movido por ninguna intención altruista".