El juez Adolfo Carretero, encargado del 'Caso Mascarillas', ha propuesto procesar a Alberto Luceño y Luis Medina, empresarios artífices de la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida durante los peores momentos de la pandemia de coronavirus en 2020 y que se embolsaron comisiones millonarias, según ha adelantado este lunes LaSexta.

En lo que concierne a Medina, Carretero le señala por estafa agravada y falsedad documental. En el caso de Lucero, su situación se agrava por los delitos de falsedad en documento mercantil y delito fiscal -este último por “defraudar a la Hacienda Pública más de 120.000 euros” que debió haber pagado como IRPF después de hacer cerrado la venta-. No obstante, el juez no contempla el delito de blanqueo de capitales debido a que ninguno de ellos trató de “ocultar el dinero percibido de las comisiones ni intentaron hacer desaparecer el mismo”.

De esta forma, el magistrado transforma las diligencias en procedimiento abreviado de cara a la celebración de un juicio. Ahora las partes personadas se pronunciarán sobre si solicitan el archivo o la apertura de juicio oral.

Medina aprovechó su fama

Además, el juez instructor del caso considera que las compraventas del ‘Caso Mascarillas’ en las que actuó como intermediario son “un caso de negocio jurídico criminalizado al haber engañado al Ayuntamiento de Madrid, ocultando unas comisiones excesivas para cualquier tipo de negocio”, en la que se incluye documentación mercantil falsa. Una actuación con la que se “enriqueció” y “perjudicó” al Patrimonio Municipal.  

Y es que Carretero señala la fama de Medina como un factor clave en su papel, debido a que es el hijo del Duque Feria y por haber sido un personaje público de la prensa rosa, lo que le valió para contactar con el primo del alcalde madrileño y, al final, ser el responsable de la compra del material sanitario.

El gestor principal fue Luceño

Por otro lado, sobre Luceño, Carretero se refiere a él como “el auténtico gestor” del negocio. Y es que señala que éste engañó a su propio socio, Medina, en el reparto de las comisiones “excesivas” que, a la par, también ocultó al Consistorio de Almeida.

Según el magistrado, también “simuló” la firma del empresario malasio propietario de la firma Leno, San Chin Choon, y proveedor de los guantes y mascarillas requeridos por la urgencia sanitaria del coronavirus. Y es que la investigación apunta a que se han encontrado “instrucciones por escrito” de Luceño a San Chin Choon de acuerdo con las respuestas que éste último debía dar a la Comisión Rogatoria que tuvo lugar en el país asiático.

El documento, de ocho páginas de largo, también señala a las conversaciones que el empresario español mantuvo con Chan Ben Kay, alias ‘Anthony’, para que presionara a Chin Choon para decir que había firmado varios documentos. Un hecho que “refuerza la falsedad de los mismos y el intento de ocultar el engaño que preside toda la operación de venta de material sanitario” al Gobierno de Almeida.

Cronología del ‘Caso Mascarillas’

Fue en abril de 2022 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Medina y Luceño, en la que se denunciaba que ambos “inflaron de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico” los contratos sanitarios que se realizaron la funeraria municipal de Madrid y la empresa encargada de adquirir el material sanitario.

Y es que cabe recordar que la empresa funeraria desembolsó un total de 11 millones de euros de dinero público, operación por la que Medina cobró un total de 912.742 euros en forma de comisión, lo que se traduce en un dólar por cada mascarilla, un precio injustificablemente elevado. Por su parte, Luceño se hizo con cinco millones de euros.

Cabe recordar que, tanto el Ministerio Público como el juez Carretero han descartado que pesen responsabilidades sobre los cargos del Ayuntamiento de Madrid por estos contratos. Todo ello debido a que Medina y Luceño ocultaron con conciencia su “nula experiencia en temas de material sanitario” durante la operación de compraventa, así como que sus comisiones llegaron a alcanzar “un 60% en el caso de las mascarillas, un 81% en los guantes de nitrilo y un 71% en los test”.