Los fiscales del Tribunal Supremo encargados de defender las condenas a las 19 personas del caso de los ERE, entre los que están los expresidente Manuel Chasves y José Antonio Griñán, han realizado el relato de un escándalo que se puede resumir en una frase: “Ni un solo expediente cumplía los requisitos” y "se obraba al magen de cualquier tipo de legalidad". Así, durante la mañana ham ido desgranando cómo presuntamente se manipuló el sistema legal para otorgar 700 millones de euros solo a las empresas que ellos querían dejando así fuera de los fondos al resto de empresas.

Al comienzo de su turno, el fiscal ha reconocido que, es cierto que la sentencia es de enorme extensión, que no es fácil y ha encontrado dificultades. Pero ha añadido que no se puede fragmentar la norma administrativa y presupuestaria para ocultar lo que perjudica. “Fueron subvenciones. Se soslayó la fiscalización y el control interno. Diferenciar presupuestación y ejecución, sin los primero es imposible dar las ayudas. Se dieron sin fiscalización”.

Asevera el representante del Ministerio Público que, “los condenados dijeron que no había prueba, pero se olvidaron de los numerosos elementos de prueba que, además, hay que valorar en su conjunto. En cualquier subvención, el competente es el consejero, necesita petición expresa, memoria, beneficiarios, justificar la necesidad pública…se cambió el sistema de presupuestación para cambiar las ayudas. Ni uno solo de los expedientes cumplieron un solo requisito”.

Y ha añadido “que no existió ni expediente. En la Consejería de Hacienda se hace una clasificación. Cualquier defecto esencial en un procedimiento de subvención implica un reparo y la suspensión del pago, además de abrir trámite de audiencia a la Consejería que, o bien se subsana, o acaba en la Junta de Gobierno. Se cambia la presupuestación, pero no hay norma que apoye el cambio de financiación, sino que está expresamente prohibido. No se puede utilizar ese expediente para el trámite de subvenciones extraordinarias”.

Así, el fiscal ha sido meridiano: “Se quiso modificar el sistema de concesión de ayudas para evitar cualquier tipo de control”. Se hicieron reparos de 60 millones en las concesiones y 73 por los cambios. “Había multitud de irregularidades. El director general de Trabajo dijo recibí instrucciones del consejero, y del viceconsejero, que debíamos utilizar el sistema de transferencias de las subvenciones porque se había hechos reparos en las ayudas. Era intención de la Junta obtener la paz social y pagar pronto las ayudas”.

Las primeras ayudas fueron precisamente a las empresas que había recibido reparos por parte de la Intervención. “Eso fue el origen del cambio. Se dio de baja la partida original y se amplía la partida de modificación que no tenía sentido ni cumplía la normativa legal. De forma simultanea se elabora un proyecto de decreto del año 2000 que nunca más se supo de ese proyecto, dicho proyecto daba cuenta de lo que debe ser las subvenciones y era precisamente lo que he dicho al principio”.

“No se pueden modificar las cosas porque sí, se puede siempre que concurran las razones reguladas. Empleo tenía dinero y no había ningún tipo de razón que justificara la ampliación del crédito ni los cambio que se hicieron. Vía transferencia de financiación era imposible fiscalizar los expedientes, de hecho, no se ha fiscalizado ninguno. La única finalidad es que los fondos no pudieran ser fiscalizados. Se hacían pagos a ciegas sin ningún tipo de documentación, pero sí firmaban los convenios”. “Todos los testigos dijeron que era un caos, que no había documentación ni regularización. El convenio no fue objeto de informe, ni las ayudas publicadas en el Boletín Oficial y eso llevó a que quienes podían haber tenido acceso a las ayudas, las empresas que habían despedido a sus trabajadores, no pudieron tener ese acceso. Hay informes por todos los lados que se van relatando por todos los lados” ha apostillado.

El fiscal ha explicado que era imposible que los cargos de las consejerías no supieran lo que estaba pasando. Había informes que debían haber llegado a manos del viceconsejero y del consejero. Es más, debía haber comprobado y regulado los créditos para gastos desde la Consejería de Hacienda, hecho que no se cumplió. Pero añade que se les advertía anualmente.

Los condenados participaron en la distribución de fondos. Griñán reconoció en sus declaraciones que si las ayudas las concedía Empleo las tenían que fiscalizar Empleo. Una puede escapar al control, pero no puede ser que esto suceda durante diez años. Necesariamente tenían que saber y eran conscientes que se presupuestaba mal y claro que son responsables de los gastos. Todo son excusas derivando la responsabilidad a sus compañeros.