El Tribunal Supremo dejó este jueves vista para sentencia una de las múltiples demandas judiciales presentadas por Alberto González Amador, el empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En este caso, la ofensiva judicial iba dirigida contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por unas declaraciones que, a juicio del demandante, lesionaban su derecho al honor.
González Amador exige 40.000 euros a la dirigente socialista, acusándola de haber traspasado los límites de la libertad de expresión y de haberle calificado falsamente como “delincuente confeso”. Sin embargo, la Fiscalía no solo se ha opuesto frontalmente a esa reclamación, sino que ha defendido la legitimidad de las palabras de Montero, recordando que se pronunciaron en un contexto de debate público, con interés general y ante la atenta mirada de la prensa.
El precedente similar del padre de la reina
Para apoyar su argumentación, según a recogido una información publicada en El Confidencial, el fiscal del caso, Javier Muñoz recurrió a un precedente con eco mediático: el caso del padre de la reina Letizia, Jesús Ortiz. En 2018, Ortiz demandó a un medio de comunicación por un artículo que recogía declaraciones de un familiar suyo bajo el titular “Henar, la tía de Letizia: los Borbones se han hecho ricos a nuestra costa”. El reportaje afirmaba que en la familia Ortiz “se proclaman republicanos”, lo que llevó a Ortiz a pedir la retirada de la publicación y una indemnización de 8.000 euros por supuestos daños morales, calificando el contenido de “falso”, “frívolo” y “abusivo”.
Sin embargo, los tribunales desmontaron uno a uno sus argumentos. Ni el juzgado de primera instancia de Pozuelo, ni la Audiencia Provincial de Madrid, ni el Tribunal Supremo -que zanjó el caso en abril de 2020- le dieron la razón. En su sentencia, el alto tribunal concluyó que la atribución genérica de ideas republicanas a la familia Ortiz no implicaba la revelación concreta de la ideología del padre de la reina ni suponía una vulneración de su derecho al honor.
El correo que deja sin argumentos al novio de Ayuso
La defensa del empresario quiso marcar distancias con ese precedente, insistiendo en que en el caso de Montero se había rebasado la libertad de expresión al calificarle como “delincuente confeso”, algo que califican de “rotundamente falso”. Sin embargo, la Fiscalía desmontó esa versión con pruebas documentales: el correo que el abogado de González Amador remitió a la Fiscalía, en el marco de su causa por fraude fiscal, proponiendo un acuerdo con reconocimiento de responsabilidad penal.
En dicho correo, el letrado reconocía textualmente que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, lo que, a juicio del fiscal, es más que suficiente para contextualizar las declaraciones de Montero. “Lo que hace falta es que lo que se esté diciendo tenga un sustrato fáctico clarísimo. Y todo el mundo conoce y sabe que hay unos correos electrónicos en los que se reconoce la comisión de unos delitos. ¿Hay un sustrato fáctico entonces? Sí”, concluyó el representante del Ministerio Público.
Un frente judicial con motivación política
Aunque el magistrado que instruye la causa ha advertido de que ese correo no convierte automáticamente a González Amador en un “defraudador confeso”, la Fiscalía insistió en que las declaraciones de la vicepresidenta se insertan dentro de un marco de crítica política legítima. Más aún, cuando se trata de una figura cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las dirigentes más beligerantes contra el Gobierno central, y cuyo entorno está siendo investigado por la Justicia.
No es la única demanda que González Amador ha presentado en su particular cruzada contra el Ejecutivo. El empresario también ha interpuesto acciones similares contra otros altos cargos del PSOE y del Gobierno, incluido el propio presidente, Pedro Sánchez. Todas estas demandas apuntan a una estrategia jurídica y mediática que busca desacreditar a los miembros del Ejecutivo que han señalado públicamente el escándalo fiscal que rodea al entorno de Ayuso.
Ahora, la última palabra la tiene la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que deberá decidir si hay o no vulneración del derecho al honor en las palabras de Montero. Una sentencia favorable a la vicepresidenta podría sentar un precedente clave para el resto de procedimientos en curso, y reforzar el margen que tienen los representantes públicos para expresar opiniones sobre asuntos que afectan directamente al interés público.
