Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha ganado el juicio contra el Ayuntamiento de Madrid por las obras realizadas en el piso del centro donde vive con la presidenta regional. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Madrid ha concluido que la reforma estaba correctamente “amparada” por una declaración que fue "debidamente presentada", y que el Consistorio ignoró al iniciar un expediente sancionador, según figura en la documentación analizada por elDiario.es. La sentencia es firme y obliga al Ayuntamiento a pagar las costas del proceso, aunque no se haya detallado la cantidad.
Antes de conocerse esta resolución judicial, Antonio Giraldo, concejal del Grupo Municipal Socialista, intentó acceder al expediente completo relacionado con las obras ilegales en el piso del novio de Ayuso. Sin embargo, según denunció públicamente, lo único que recibió fueron documentos "incompletos", con datos "ocultos" y "deliberadamente manipulados", lo que ha alimentado las sospechas sobre una posible falta de transparencia por parte del equipo de gobierno del alcalde José Luis Martínez-Almeida.
La vivienda que se encuentra a nombre de González Amador fue adquirida por el comisionista por unos 850.000 euros en julio de 2022, después de su polémico negocio millonario con las mascarillas. La entrada de la residencia fue casi idéntica a la que había defraudado a Hacienda, constando de una cantidad de unos 350.000 euros, y los 500.000 restantes constaban en una hipoteca, motivando su imputación por fraude fiscal en otro juzgado de la capital.
Un año después de la compra y tras una reforma integral, González Amador ocupó el piso junto a Isabel Díaz Ayuso, y en fechas próximas la sociedad Babia Capital SL adquirió el ático situado justo encima. Esta empresa, administrada por Javier Gómez Fidalgo, fiscalista de Alberto González Amador, pagó 950.000 euros por la vivienda. Según declaró González Amador ante la jueza que lo investiga, Fidalgo se lo alquila por 5.000 euros al mes y con opción a compra. Cabe destacar que el fiscalista también está imputado en la misma causa.
En cuanto a las reformas del piso principal, González Amador, a través de su empresa de interiorismo y reformas MadIn, solicitó al Ayuntamiento de Madrid el primer permiso en agosto de 2022, un mes después de cerrar la compra. El día 4 de ese mes presentó una declaración responsable para llevar a cabo trabajos iniciales de demolición.
Dos meses después, el 14 de octubre, amplió esa declaración incluyendo todos los detalles de la reforma en su “totalidad”, desde instalaciones de fontanería, electricidad o calefacción, hasta nuevos falsos techos, mobiliario de cocina, pintura, sanitarios y carpintería. También entregó los planos del proyecto y el justificante de pago del impuesto correspondiente a las obras (ICIO), entre otros documentos.
Una declaración ignorada por Almeida
Sin embargo, la sentencia ha explicado que el Ayuntamiento, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, ignoró por completo esta segunda declaración responsable cuando fue abierto el expediente de restauración de legalidad urbanística. Por lo tanto, el 13 de diciembre de 2022, los técnicos municipales expusieron que la primera de esas declaraciones responsables como "nula".
El 20 de marzo de 2024, después de un año y tres meses, esa actuación derivó en la apertura de un expediente, cuando Más Madrid presentó una denuncia por "infracción urbanística" ante la Junta de Chamberí, donde está situado el inmueble, por sospechas de irregularidades. La formación quería comprobar si la reforma se ejecutó finalmente con la licencia correspondiente.
El 27 de mayo de 2024, una semana más tarde de que la Junta enviara la inspección pertinente, se notificó a González Amador a través de un procedimiento de restauración de la legalidad de las obras, que tenía un plazo de dos meses. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso concluye que el Ayuntamiento actuó de forma incorrecta al iniciar un expediente urbanístico sin tener en cuenta que González Amador ya había presentado una segunda declaración responsable, que amparaba todas las obras realizadas en la vivienda.
Por lo tanto, la sentencia estima por completo el recurso del empresario, anula la actuación del Consistorio y afirma que dicha declaración, presentada el 14 de octubre de 2022, se encontraba totalmente vigente, ya que nunca fue declarada como "ineficaz". Por tanto, al no haber una resolución manifiesta de ineficacia, "no cabe dictar requerimiento de legalización".
