La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha ampliado la queja que presentó el pasado mes de mayo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la instrucción que está llevando a cabo la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.
La defensa de la exconsellera solicita ahora incluir en la queja formulada la denegación de la transcripción íntegra y literal de la declaración que hizo el 11 de abril “que se prolongó durante casi tres horas y en la que respondió a aproximadamente 140 preguntas”. Con ello, según alega la defensa en el comunicado emitido, "la transcripción oficial se ha limitado a una versión resumida de 10 folios, sin incluir las preguntas formuladas, ni determinadas citas legales y matices presentes en las respuestas, aspectos que consideramos relevantes para la defensa".
Por su parte, señala que, tras haber pedido la agrupación de las cerca de 40 acusaciones personadas en la causa, con el objetivo de "agilizar" el procedimiento, la instructora ha habilitado un plazo "inexistente" en la fase de instrucción para que las acusaciones populares y particulares manifiesten los indicios de responsabilidad penal que consideren que existen contra Pradas y el otro investigado, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso.
En línea con la exposición de motivos, la defensa de la exconsellera sostiene que esta actuación puede conllevar “un juicio anticipado de culpabilidad impropio de la fase de instrucción”. Al respecto, recalca que ya se había concedido previamente un plazo de 15 días a las partes para pronunciarse sobre la agrupación solicitada. Así, con esta ampliación de la queja, se amplían los hechos ya comunicados ante el CGPJ el 14 de mayo de 2025 y que la defensa de Pradas considera que afectan a las garantías procesales y al derecho de defensa de la exconsellera.
“Irregularidades que vulneran derechos”
El pasado 14 de mayo, la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior presentaba una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la instrucción de la causa judicial que está llevando a cabo la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. Su abogado Eduardo de Urbano denunciaba en la queja de su cliente que el derecho de defensa había sido "gravemente afectado" por la forma en la que se está conduciendo la instrucción por parte de la magistrada, según informó la firma en un comunicado difundido este miércoles.
Según expuso el letrado, "la instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial. Sin embargo, hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento".
Entre los motivos de la queja, la defensa de Pradas cita "existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente"; predeterminación del objeto de la instrucción; denegación "reiterada" de diligencias solicitadas por las partes; "limitación" del derecho de defensa durante las declaraciones y la posible intervención de personas "ajenas" al procedimiento judicial. Además, se denuncia el uso de "informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales", así como la "excesiva duración" en la práctica de diligencias de prueba.
De Urbano agregó a su vez que el "respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial, como resulta de las normas procesales y los principios de ética judicial". Por ello, instó al Poder Judicial que analizara los hechos expuestos "y adopte las medidas oportunas para garantizar un proceso justo y conforme a Derecho".
