La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado al exconseller de Interior Miquel Buch a cuatro años y medio de prisión, así como a 19 y medio de inhabilitación como autor de un delito de malversación de caudales públicos y otros de prevaricación por contratar a un mosso d'esquadra para que hiciera de escolta del expresidente fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont, en Bélgica. Además, la Sala impone una indemnización para la Generalitat, conjunta y solidaria, de 52.712,26 euros. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el TSJ catalán.

El mosso que ayudó a Puigdemont a huir a Bélgica, Lluís Escolà, ha recibido la misma pena que Buch. La Audiencia ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas a la hora de imponer las penas a los condenados, ya que los hechos se remontan al año 2018. Se trata de una sentencia que llega en un momento político muy convulso, ya que se está negociando una investidura de Pedro Sánchez con el apoyo de Junts, partido al que pertenece Buch. Nada más hacerse público el fallo, desde el independentismo han cargado con dureza contra los miembros de la judicatura.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha escrito en la red social X: "Hay una cúpula judicial y un Estado totalmente desbocados contra el independentismo. ¡Y ya basta!", y ha apostillado que, "es venganza, no es justicia". Por su parte, Miquel Buch, que ha acudido a recibir el fallo al juzgado, ha dicho a la salida: "Recurriremos porque estoy convencido de lo que hicimos y cualquiera que viera el juicio sabe que este resultado es injusto" y ha añadido que, "viendo el resultado de la sentencia, que es condenatoria de una manera injusta y muy bestia, da la sensación que había mucha prisa para condenarme".

La presidente del partido al que pertenece Buch, Laura Borrás, también ha salido al paso de la sentencia diciendo en un tuit que,  "la 'lawfare' condena cuando señala y después la maquinaria completa el trabajo. Penas de prisión e inhabilitación que son una barbaridad. La lucha del Estado continúa. La nuestra, también".

Incluso el propio Carles Puigdemont se ha referido a la sentencia desde su casa en Bélgica. Puigdemont ha aseverado: "He trasladado al conseller Miquel Buch y a Lluís Escolà toda mi solidaridad y afecto, y mi consternación por este acto de Barbarie que acaba de cometer España, con los jueces y los fiscales al frente. España está podrida en sus fundamentos y las órdenes del rey de ir contra nosotros continuan intactactas".

El epresidente ha añadido: "Si no han entendido porqué razón no renunciaremos nunca a la unilateralidad y a la independencia, y porqué raón desconfiamos del Estado español, aquí tienen una de las muchas que tenemos acumuladas. El conseller Buch y el escolta Escolà están condenados por un delito que no han cometido, solo por el hecho de que han sido leales y comprometidos políticamente y personalmente conmigo. Los condenan como un acto de venganza y represalia porque no me han podido tener". Y ha finalizado diciendo: "Era previsible que hubiera una condena, igua que era evidente que no había delito. Los sabíamos todos los que aquí hemos tenido algo que ver con la causa".

Los hechos

Los hechos se remontan a 2018 cuando Buch dirigía el departamento de Interior de los Mossos d'esquadra. Fue entonces cuando Buch fichó como asesor a Lluís Escolà para el departamento de Interior. El mosso había trabajado con anterioridad durante muchos años en el servicio de escoltas de la polícía autonómica, llegando a encargarse de la protección personal de los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas.

Según lo jueces, aunque el contrato cumplía formalmente con todo lo establecido, en realidad se firmó para que Escolà hiciera de escolta del expresident Puigdemont, del que era amigo personal.

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