El caso del Banco Popular depende, tras la declaración de la máxima responsable de la Junta Única de Resolución de la UE Elke König, de un informe pericial de los inspectores del Banco de España que fue incorporado al sumario de esta macrocausa en el año 2019. Así, según ha adelantado Servimedia, dicho informe señala que “en este caso, las pérdidas sufridas por los inversores son consecuencia de la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de un procedimiento de subasta competitiva”.

Las personas conocedoras del caso señalan que la contundencia del informe de los inspectores del Banco de España, que descarta que hubiera cualquier responsabilidad de los anteriores administradores del banco, es muy probable que condicione el resto de la instrucción judicial pendiente. También afirman que no es previsible que se produzcan actuaciones que desmientan o deslegitimen lo que han establecido los inspectores de la máxima autoridad bancaria. Además, dicho informe también señala que esos administradores habían dejado medidas para reforzar la solvencia y liquidez del banco, que eran perfectamente ejecutables y que hubiesen evitado la resolución del Popular.

Como conclusión del informe, los inspectores apuntan claramente a una responsabilidad de las instituciones implicadas en la resolución, cuando afirman que la causa de las pérdidas de los inversores “es la decisión administrativa de resolver la entidad y proceder a su venta a través de una subasta competitiva”. Los firmantes reiteran a lo largo del texto que el Banco Popular permaneció solvente, con un patrimonio neto de ceca de 11.000 millones de euros y, lo que puede ser clave en la los futuros procesamientos: “viable porque tenía una capacidad de generación de beneficios ordinarios recurrentes antes de provisiones de 1.150 millones de euros anuales hasta que fue resuelto”.

Caso del Banco Popular

La investigación judicial abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se centra en averiguar cuales fueron las responsabilidades que pudieron tener en la caída del banco los consejos de administración presididos por Ángel Ron y Emilio Saracho, así como la presunta responsabilidad del auditor PWC desde la ampliación de capital de mayo de 2016 hasta la resolución del banco en junio de 2017.

Por el momento, la causa sigue en el juzgado de instrucción, pero según las fuentes consultadas, el juez Calama pretende cerrarla antes de que acabe este año. Pero para poder terminar la instrucción falta que lleguen algunas periciales que están solicitadas desde hace meses.