Elke König, la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), institución europea con capacidad para ordenar la resolución ordenada de los bancos para garantizar el menor impacto sobre la economía y las finanzas en los países de la Unión Europea y terceros, declara este jueves en el caso de la disolución del Banco Popular. König deberá aclarar las presuntas filtraciones a los medios. Unas filtraciones que pudieron influir en la crisis de liquidez que finalizó con la salida de 5.000 millones de euros y el desplome del valor de las acciones.

Además de König también declarará por videoconferencia su número 2 en 2017, el director de planificación del organismo Dominique Laboureix. Ambos darán explicaciones ante el magistrado del Juzgado Central de Instrucción, José Luis Calama.

En principio, tal y como ha publicado Servimedia la entidad presidida por Emilio Saracho perdió todo su valor. De hecho, meses antes de estas filtraciones, y coincidiendo con la salida del anterior presidente Ángel Ron, se cubría el ratio regulatorio de liquidez con un exceso del 80%.

La presidenta de la JUR también deberá explicar los detalles de los motivos por los que desde la JUR, e incluso desde el FROB no se apoyaron las medidas de incremento de liquidez del banco Popular impulsadas por el consejo de administración mientras Ángel Ron estaba al frente de la entidad, y que podían haber evitado la resolución del banco. La declaración de la presidenta de la JUR, que tuvo que ser suspendida en julio, se prevé como una de las más esenciales, pues las filtraciones podrían haber sido una de las causas directas de la caída del banco.

Sobre este hecho, el director de resolución del FROB, Javier Torres Riesco, aseveró ante el juez que, en lo referido al Popular, “se puso de manifiesto que en normativa y estrategias seguidas hasta entonces por la JUR, la propia estructura de instrumentos creados creados por los reglamentos y directivas de resolución no estaba tratado ni gestionado como para tratar una crisis de liquidez”.

La instrucción judicial

En cuanto a la instrucción judicial, que lleva camino de los cuatro años, según fuentes cercanas a la Audiencia Nacional, el magistrado Calama está pendiente de la llegada de la documental y de varias periciales que han sido solicitadas durante los últimos meses. Es más, se ha llegado a tener que suspender declaraciones de investigados debido a que no ha llegado la documentación necesaria.