El año que acaba de arrancar hará sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional (AN) a diferentes rostros muy mediáticos. En poco más de un mes, el 3 de febrero, arranca el juicio del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales, por el beso a la futbolista Jenni Hermoso tras la consecución del Mundial celebrado en Sídney (Australia) Por este asunto será juzgado durante 11 días. La Fiscalía solicita para Rubiales una pena de 2 años y 6 meses por un delito de agresión sexual --por el beso presuntamente no consentido-- y por un delito de coacciones en concepto de autor. Asimismo, se juzga también al exseleccionador femenino Jorge Vilda, al exdirector deportivo de la selección Albert Luque y al que fuera responsable de Marketing, Rubén Rivera, por su posible participación en esas supuestas coacciones.
También el expresidente, Jordi Pujol, marcará el calendario judicial. Tanto él como sus hijos están acusados de formar presuntamente una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas con actividades corruptas valiéndose de su posición política. La vista oral llega después de una instrucción de más de 10 años y las sesiones se extenderán hasta abril de 2026. En este asunto, la Fiscalía Anticorrupción interesa una pena de 9 años de cárcel para el expresident de la Generalitat Jordi Pujol y hasta 29 para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio. Para el resto del 'clan' las penas van de los 17 años a los ocho. Así, para la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, se solicita una pena de 17 años por esos cinco delitos, mientras que para Josep Pujol la petición es de 14. Tanto para Pere, como para Oleguer, Oriol, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, se piden ocho años de cárcel sólo por asociación ilícita y blanqueo de capitales.
A estos dos casos, hay que añadir otros juicios relevantes, como el que se celebra desde noviembre de 2024 y que se prevé que acabe a finales de enero, el que sienta en el banquillo al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, y que afecta a casi 50 encausados más, entre ellos a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, para el que la Fiscalía interesa más de 9 años de cárcel por blanqueo de capitales y otros delitos.
Nueva Rumasa y Nummaria
La Audiencia Nacional también tiene pendiente de comunicar varias sentencias relevantes de juicios que se han celebrado a lo largo de 2024, entre ellas la de la vista que concluyó en pasado mes de mayo y en la que fueron juzgados los seis hijos del empresario --ya fallecido-- José María Ruiz-Mateos por la presunta estafa de Nueva Rumasa.
En el escrito de acusación, el Ministerio Público no solo pedía una condena para los seis hijos, también pedía condenar a otros nueve acusados --todos ellos responsables del grupo-- a penas que van de los 3 años de cárcel a los 15 años y 6 meses de prisión por delitos de estafa, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y contra la Hacienda Pública.
Otra de las sentencias más esperadas para este 2025 es la relativa al 'caso Nummaria', en la que se ha juzgado, entre otros, a los actores de la serie 'Cuéntame' Imanol Arias y Ana Duato por un presunto fraude a Hacienda.
Se da la circunstancia de que Arias al arranque de la vista oral llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que reconoció hasta cinco delitos fiscales y aceptó una pena de cárcel de 2 años y 2 meses por la que elude entrar en prisión.
Su compañera de reparto, Ana Duato, sin embargo, ha mantenido desde el inicio que ella confió plenamente en su asesor fiscal Fernando Peña --a quien más pena se le pide como presunto responsable del despacho Nummaria-- y que fue éste quien le llevó todas las declaraciones ante Hacienda investigadas. Explicó que tenía la "tranquilidad" de que todo estaba "bien hecho" porque "el idioma de los fiscalistas es bastante complicado".
A estos asuntos se suma también el del 'Cártel del fuego' en el que se han juzgado presuntos amaños en contratos para la extinción de incendios. En ese asunto, la Fiscalía Anticorrupción rebajó de 22 años a 2 años y 7 meses de cárcel la petición de condena para Serafín Castellano --exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconsejero del PP--, después de que reconociera los hechos que se le imputan.
Casos en instrucción: De Koldo a Alvise
Los juzgados de instrucción de la AN, por su parte, continúan con su labor en mediáticos casos como el 'caso Koldo' para conocer si hubo pago de mordidas en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas. El asunto ha llegado al Supremo en lo relativo a la presunta participación del exministro José Luis Ábalos en esa trama, pero el resto de la causa sigue en manos de la AN.
También continúa la investigación relativa a la presunta estafa piramidal que habría perpetrado Madeira Invest Club y que afecta al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez. El magistrado José Luis Calama acordó el pasado 20 de diciembre enviar al Supremo la denuncia presentada por el empresario Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', contra el eurodiputado al considerar que existen "indicios sólidos" de un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido supuestamente 100.000 euros para su partido 'Se acabó la Fiesta'. Calama, no obstante, sigue instruyendo esta causa en la que el principal investigado es el empresario Álvaro Romillo.
Otra causa abierta, en este caso por narcotráfico, es la que afecta al jefe de Delitos Económicos y de lucha contra el blanqueo de la Policía Nacional en Madrid, que escondía 20 millones de euros emparedados en su casa o la que busca conocer si existió una investigación extrajudicial a políticos de Podemos por orden de la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
