El caso de Begoña Gómez ha terminado teniendo más aristas que un icosaedro. Un caso que haría que le estallase la cabeza a cualquier seguidor del determinismo, pues el juez Juan Carlos Peinado ha desmontado esta teoría física tan aplicada en economía demostrando que el mundo físico ‘no’ evoluciona en el tiempo según principios o reglas totalmente predeterminadas y el azar ‘no’ es solo un fenómeno aparente. Todo esto por no hablar de lo berlanguiano que parece todo en este proceso judicial.
Y este razonamiento tan ‘gafapasta’ es mucho más real de lo que debería ser. ¿Y por qué? Pues vayamos por partes: hablamos de un procedimiento penal que se abrió con una denuncia que solo contaba con titulares de prensa, algunos de ellos falsos. Tras eso, el juez Juan Carlos Peinado comenzó a investigar a la mujer del presidente del Gobierno.
El juez
Fue entonces cuando se solicitó por primera vez el archivo y chocó con el criterio de la Audiencia Provincial, que si bien no archivó, sí le dio un tirón de orejas al juez acotando la investigación y levantando el secreto de sumario. Un secreto, por cierto, que su señoría no debía recordar cuando le remitió el sumario a Vox y no a la defensa. Hecho este denunciado en la querella contra Peinado que ha interpuesto la defensa.
Pues teniendo negro sobre blanco qué podía investigar, el juez se echó la toga a la cabeza, que para eso es juez, y siguió a la suya. Que me llega un informe de la UCO que dice que no hay delito, pues nada, les pido otro. Que llega el segundo y se reiteran en que no hay nada, el juez a la suya. A tomar viento el determinismo y aupa la teoría del caos.
Mientras los informes eran claros, Peinado decidió que quería interrogar a Begoña Gómez y la citó. Y vamos que si la citó, en plena campaña electoral de las elecciones europeas a cinco días de que los españoles votaran, pero además también citó a seis testigos a acudir a los juzgados a tres días de los comicios. La citaba a mes vista. Un tiempo que, oh sorpresa, no le concedió a su marido Pedro Sánchez, a quien envió la citación judicial para menos de una semana después, lo que impedía de facto que se resolviesen los recursos.
La defensa
En los meses que lleva el caso judicializado la defensa de Begoña Gómez no ha dejado de explicar que nos encontramos ante una investigación prospectiva, y que el juez la ha convertido en una causa general. Todo términos muy jurídicos para decir que lo que en realidad hace Peinado es “investigar por si suena la flauta” tenga motivos legales o no para hacerlo.
Hay que recordar que Peinado nos regaló una definición de investigación prospectiva, y uno de los momentos más berlanguianos, cuando no se cortó a la hora de poner negro sobre blanco en un auto, cuando la defensa preguntó por los delitos en concreto (algo que aun no ha contestado), que investigaba "todos los actos, conductas y comportamientos" que Gómez ha realizado "desde que se su esposo es presidente del Gobierno de España y que se contienen en la denuncia inicial”.
Con todo esto encima de la mesa, tanto la defensa de Begoña Gómez, como la Abogacía del Estado no dudaron en interponer una querella por prevaricación (ambos), y por revelación de secretos (Gómez) contra el juez Juan Carlos Peinado. Querellas que están todavía pendientes de ser admitidas o no por la Audiencia Provincial de Madrid, cuyos magistrados además tienen que resolver los recursos de archivo presentados por Begoña Gómez y la Fiscalía. De las querellas no tenemos noticias aun, pero de ser admitidas obligaría a Peinado a dejar el caso Gómez. En cuanto a los recursos, esta semana la Audiencia ha solicitado una copia íntegra de sumario, lo que ha generado inquietud entre las acusaciones populares de extrema derecha, cuyos letrados huelen en el aire un auto de archivo.
Las acusaciones
Es en este momento cuando llegamos a lo más loco del procedimiento: las acusaciones populares. Sus abogados no dejan de aportar escritos a cada cual más 'imposible' que el anterior. Porque en este sumario, informes acusatorios e incriminatorios contra Gómez no habrá, pero escritos infumables y plagados de mentiras los tiene uno a patadas. El último entraba este mismo viernes.
En ese escrito, las acusaciones no solo piden que se investiguen los movimientos bancarios de Begoña Gómez sin aportar ninguna justificación jurídica decente, sino que también solicitan, entre otras cosas, que declare Manuel Muñiz, el que fuese desde enero del 2020 a julio del 2021 secretario de Estado de la España Global en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Y llama la atención porque el único motivo para llamarle es que ha ostentado cargos en el IE University. Pero, como ellos mismo afirman, Muñiz lo ha hecho tanto en años anteriores como en la actualidad. Quieren que declare, simplemente, por haber ostentado un cargo en el Gobierno de Sánchez, pero nada explican de qué aporta a la investigación más allá de este hecho. Como lo anterior, todo lo demás. Pero Peinado, encantado.
Algo de cordura
Y entre tanta locura judicial, recursos, querellas y un juez destrozando teorías de física, una juez de plaza de Castilla ha puesto algo de cordura a las querellas sin fundamento con los que la extrema derecha está inundando los juzgados. La magistrada ha archivado la querella que presentó Vox, el partido de Santiago Abascal, contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por un presunto tráfico de influencias, tanto en la creación como en el desarrollo de su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.
La magistrada Coro Monreal es clara en su auto y afirma que "se llega a la conclusión de que los hechos denunciados no reviste carácter de delito, pues del propio relato expuesto, se desprende que se basa en meras sospechas y conjeturas, que no en indicios sólidos de la comisión del delito referido".
Asevera la magistrada en su escrito, al referirse a Begoña Gómez, que "cabe presumirle cierta experiencia profesional desarrollada en la propia Universidad Complutense de Madrid, antes incluso de que su esposo fuera presidente del Gobierno de la Nación, relación de parentesco que, por sí sola, no justificaría la existencia de prevalimiento conforme a la doctrina jurisprudencia citada". Pero es que, asevera la juez, que de todos los requisitos que deben existir para poder acusar de tráfico de influencias, en este caso solo se cumple uno de ellos, que su marido sea presidente del Gobierno, lo que no es, ni mucho menos, "suficiente" para investigarla.
