La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha decidido este miércoles no renovar la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que codirige Begoña Gómez.
Así se lo ha comunicado la institución universitaria este mismo miércoles a las dos entidades que patrocinaban la cátedra, Reale Seguros y Fundación La Caixa, sin ahondar en los motivos de esta decisión. Lo cierto es que el convenio por el que se creó, firmado el 30 de octubre de 2020, tenía una vigencia de cuatro años, por lo que -salvo renovación- expiraba el próximo mes de octubre.
La decisión de la UCM se produce en el contexto de la investigación que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción de los negocios; el rector de la universidad madrileña, Joaquín Goyache; y el empresario Juan Carlos Barrabés, entre otros.
Precisamente, uno de los hechos que se investiga es si hubo trato de favor en la creación de la citada cátedra y en la decisión de situar como codirectora a Gómez.
Cabe recordar que hace un mes atrás, el exvicerrector de la UCM Juan Carlos Doadrio “no puso de manifiesto” ninguna irregularidad en la creación de la cátedra codirigida por Gómez, negando así ante el juez Peinado que tuviera problemas en su participación pese a ser “miembro activo” del Partido Popular, tal y como dio a conocer la defensa de la acusada en declaraciones a los medios de comunicación.
La querella de Sánchez contra el juez Peinado
Con motivo de la investigación judicial que se está llevando a cabo sobre la figura de Begoña Gómez y sus labores empresariales, cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se querelló contra el juez instructor del caso a finales del mes de junio por prevaricación, momento que coincidió con su citación a declarar en calidad de testigo del caso.
“Es, a nuestro juicio, la evidencia del carácter injusto, indefendible jurídicamente, de la decisión de tomar declaración en el despacho oficial del Presidente de España", rezaba parte de la querella alegando las razones de la misma.
Ahora, este miércoles se ha dado a conocer que la Fiscalía ha informado a favor de que dicha querella sea admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a su vez de incorporar la ampliación que posteriormente añadió la Abogacía del Estado.
Según consta en la primera querella, "la atribución de presunta responsabilidad delictiva procede de quien ha dictado resolución dirigida respecto del querellante, que consideramos injusta, a sabiendas, en los términos que a continuación se expondrán", en referencia a la providencia en la que le citó a declarar presencialmente y no por escrito.
En los mismos términos, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha señalado que tiene conocimiento del escrito favorable de la Fiscalía; sin embargo, ha declinado entrar en valoraciones. "No tiene mayor sentido dar opiniones o calificar escritos procesales, se presentan y quien debe tomar las decisiones es quien debe calificarlos, nada más", ha expresado en declaraciones a los medios.
