El fútbol español sigue siendo igual de noticia por lo que pasa dentro del campo como fuera de él. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha confirmado este lunes al Consejo Superior de Deportes (CSD) que inicia una investigación por infracciones muy graves contra Pedro Rocha, quien fuera presidente de la Comisión Gestora tras la salida de Luis Rubiales y del resto de miembros de dicho órgano. Este expediente se abre tras la denuncia de Miguel Ángel Galán, presidente de la escuela nacional de Entrenadores de CENAFE, y que puede acabar con la suspensión cautelar de todos ellos.
Las próximas horas son cruciales para el devenir de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que se encuentra en sus horas más bajas envuelta en una nube de especulaciones. El Consejo Superior de Deportes está analizando el expediente abierto por el TAD contra Pedro Rocha y el resto de la Comisión Gestora de la Federación en los últimos meses. Se les investiga por haberse extralimitado en sus funciones durante todo este tiempo y haber tomado decisiones que solo le corresponderían a un presidente electo.
De hecho, el asunto es de tal gravedad que el Gobierno, al tratarse de que son infracciones muy graves, podría reunir de urgencia a su comisión directiva y decidir apartarles de sus funciones de manera provisional en lo que resuelve el TAD esta denuncia.
Así, si finalmente Pedro Rocha es suspendido, la Federación tendría inhabilitado temporalmente al único candidato que ha logrado, al menos de momento, los avales necesarios para ser presidente de la RFEF. Lo que podría llevar a la repetición de las elecciones a la presidencia o de que FIFA acceda, finalmente, a que se intervenga la Federación.
Por otro lado, el TAD ha desestimado otro recurso formulado por, entre otros, Miguel Ángel Galán contra la convocatoria de elecciones a la presidencia de la RFEF al considerar que algunos miembros como los ex seleccionadores nacionales Luis Enrique Martínez y Jorge Vilda aún no habrían perdido la condición de asambleístas y tienen el derecho de voto.
Rocha, de testigo a investigado en el 'caso Brody'
Un Rocha que, como se señalaba en las líneas anteriores, pasaba este viernes de testigo a imputado en la causa que investiga los presuntos contratos irregulares del ente federativo durante la etapa de Luis Rubiales.
Para ser más precisos, el presidente interino estaba citado este viernes a declarar como testigo en el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en el marco del conocido como caso Rubiales. Rocha, que sería proclamado único candidato a las elecciones de la RFEF, asistía a instancias judiciales “tranquilo” y con ánimo de “colaborar con la Justicia”. Sin embargo, decidía suspender su declaración toda vez que la jueza instructora cambiaba su condición a investigado. Un matiz que gira todo el tablero electoral en Las Rozas y genera mayor incertidumbre en el organismo rector del fútbol en España.
Rocha fue citado en el marco de la causa Brody, que investiga, entre otras cuestiones, el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí a cambio de comisiones millonarias a Gerard Piqué, así como el amaño de contratos en favor de constructoras que, según los investigadores, han pagado comisiones a Luis Rubiales mientras ostentaba la Presidencia de la RFEF.
El ahora presidente interino fue citado por la instructora para aclarar el grado de conocimiento de las operaciones que están bajo la lupa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La magistrada, tras el interrogatorio practicado, consideraba que era conocedor de los hechos y variaba su condición de testigo a la de investigado, por lo que volverá a citarlo para que comparezca junto a un abogado.
Tebas sale al socorro de Tocha y recurre su imputación
Por otra parte, uno de los primeros en salir en auxilio de Rocha ha sido Javier Tebas, presidente de La Liga. Tebas, tal y como adelanta la Cadena Ser, ha presentado un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción en el que cuestiona la rapidez y la base legal de la decisión de cambiar el estatus de Rocha de testigo a investigado durante su declaración ante la jueza Delia Rodrigo. Según este, hasta el 9 de abril, ni el fiscal ni la jueza habían encontrado indicios de delito en la conducta de Rocha, y las respuestas dadas durante el interrogatorio no sugieren culpabilidad alguna.
Tebas argumenta que el cambio de estatus procesal de Rocha se realizó de manera oral y sin una resolución escrita que lo justificara, lo que considera una violación del derecho de defensa de Rocha. Además, critica a la Fiscalía Anticorrupción por no haber solicitado formalmente y por escrito la interrupción del interrogatorio para cambiar el estatus procesal de Rocha, lo que a su juicio, invade las competencias de la jueza instructora y debería resultar en la nulidad de la acción.
El presidente de La Liga también señala la premura con la que se llevó a cabo la citación de Rocha, destacando la ausencia de evidencia en el sumario que implique a Rocha en los hechos investigados. Además, Tebas subraya que las intervenciones telefónicas realizadas no muestran ninguna conexión directa entre Rocha y los hechos bajo investigación, lo que pone en duda la validez de la imputación y la urgencia con la que se procedió.
El fútbol español toca fondo
Por último, la posibilidad de que la FIFA intervenga la RFEF solo viene a confirmar la precaria situación en la que se encuentra la Federación y, por ende, el fútbol español. Ante la oficialización de las investigaciones, parece cada vez menos probable encontrar una alternativa que no implique la intervención de la FIFA. En el caso de que Rocha y su equipo gestor sean suspendidos, no habría nadie con la autoridad necesaria para convocar a elecciones. Rafael del Amo, actual presidente de la gestora, se vería directamente afectado por la situación y sería necesario formar un nuevo equipo, excluyendo a los miembros actuales, para poder avanzar.
De esta manera, los miembros que podrían verse afectados por esta crisis incluyen a una amplia gama de figuras clave dentro de la RFEF: desde Rafael Del Amo Arizu, presidente de la gestora, hasta Elvira Andrés, secretaria de los Órganos de Gobierno y Representación de la RFEF. La lista se extiende a Eduardo Bandrés, Antonio Suárez, Joan Soteras, Pablo Lozano, Pablo Burillo, Óscar Fle, José Ignacio Gómez Mardones, Rafael Louzán, José Manuel Molina Maza, José Ramón Cuetos Lobo, María Dolores Martínez, Francisco Goya, María Martos, Brígido, Iván Bravo, Marcelino Maté, Laura del Río, Thais Henríquez, Luis Medina Cantalejo, David Gutiérrez, Ángeles Aguilera, Alejandro Morales Mansito, Pep Sansó y Paco Díez.
Esta amplia red de implicados muestra la profundidad de la crisis institucional que enfrenta la RFEF. La suspensión de estos miembros clave podría dejar a la federación en un estado de parálisis administrativa, lo que subraya la urgencia de una resolución rápida y efectiva.
La Operación Brody ha tenido un impacto considerable en la imagen del fútbol español, marcando un punto de inflexión en la percepción pública de la gestión y la integridad dentro de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La investigación ha revelado una supuesta trama de corrupción que involucra a altos cargos de la federación, incluido su expresidente Luis Rubiales, lo que ha provocado una caída en desgracia definitiva para los implicados.
El escándalo ha sacudido los cimientos del fútbol español, generando un debate nacional sobre la transparencia y la ética en el deporte. La cobertura mediática extensiva y las repercusiones legales han puesto en el foco a la RFEF, afectando potencialmente la confianza de los aficionados, patrocinadores y entidades deportivas asociadas.
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