En un juicio crucial llevado a cabo en la Audiencia de Sevilla, se ha declarado culpable a Alfredo G.C., de origen boliviano, por el asesinato de su pareja sentimental, también boliviana, en un caso que ha conmocionado a la comunidad. El jurado popular ha determinado que el acusado cometió el crimen de manera intencional y por motivos de género, tras una disputa en la que el alcohol jugó un papel significativo. Este trágico evento ocurrió en abril de 2022, cuando ambos convivían en un piso de la calle Ágata en Sevilla.
El día del crimen, se celebraba una reunión en su domicilio donde se consumió alcohol desde temprano. Según el jurado, Alfredo G.C. golpeó a su pareja tras un ataque de celos, lo que desencadenó una serie de eventos fatales. La víctima, identificada como Virginia, sufrió un hematoma facial debido a la agresión. Más tarde, mientras los demás invitados dormían, Alfredo regresó al piso y asfixió a Virginia mientras ella dormía, en un acto que el jurado ha calificado de súbito y sorpresivo.
El jurado ha reconocido que Alfredo estaba bajo los efectos del alcohol, lo que afectó de manera relevante sus facultades durante la agresión inicial. Este estado de intoxicación etílica ha sido crucial para la fiscalía, que inicialmente solicitaba 29 años de cárcel para el acusado. Sin embargo, tras reconocer la influencia del alcohol, la fiscal ha reducido la pena solicitada por el delito de lesiones, pasando de un año a diez meses de prisión. Esto ajusta la petición total a 28 años y diez meses de cárcel.
Reducción de pena
Después del asesinato, Alfredo intentó ocultar el cuerpo entre unos juncos del río Guadalquivir y utilizó la tarjeta bancaria de Virginia para sustraer 8.140 euros de su cuenta. Aunque el jurado ha declarado que el robo de dinero no fue el motivo principal del crimen, sí ha influido en la acusación de estafa continuada.
La defensa del acusado ha solicitado la pena mínima posible por cada delito, mientras que la acusación particular, ejercida por la familia de Virginia, ha mantenido su petición de 29 años de prisión. El juicio ha destacado no solo por la gravedad de los hechos, sino también por el debate sobre el impacto del alcohol en la responsabilidad penal del acusado. Este caso subraya la complejidad de los factores que pueden influir en actos de extrema violencia y la búsqueda continua de justicia para las víctimas de crímenes de género.
