El productor Nacho Cano se ha vuelto a ver envuelto en una polémica tras acusar a la Policía de “intimidar” a los becarios que iban a comparecer este jueves ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid y ha señalado que las autoridades policiales han montado un “ridículo y desproporcionado operativo”.
En un comunicado, la defensa de Cano ha indicado que, para comunicar la citación a los testigos mexicanos, los agentes “intimidaron de nuevo” a los becados con supuestos mensajes telefónicos y transmitiéndoles la comparecencia “de modo irregular”. “Recordemos que estos estudiantes eran convocados como testigos para proteger sus intereses, irónicamente”, ha apuntado.
“Ante su intento fracasado de entregar la citación, la policía ha montado otro ridículo y desproporcionado operativo que llevó a que ocho agentes se presentaran en el puerto de Denia, donde los becarios iban a embarcar camino de sus vacaciones”, ha explicado la defensa del productor. “Desconocemos el tipo de medidas o de seguimiento que han llevado a que la policía conociera con precisión los movimientos privados de los becarios.
En el comunicado también ha criticado que los abogados de Cano hayan pedido la suspensión de la comparecencia. Según ha recordado la defensa, los 17 estudiantes becados mexicanos y Nacho Cano “se pusieron a disposición del juzgado el 29 de julio”, como le requirió el magistrado. “Incluso se desplazaron desde la isla de Ibiza con 36 horas de anticipación y cancelaron todos sus planes personales y profesionales, con lo que supone de perjuicio personal y económico para todos ellos”, ha reprochado.
Sin embargo, ha acusado a la Comisaría de Policía de Leganitos de filtrar la convocatoria de la citada comparecencia “previamente” a los medios de comunicación, “con día y hora”, incluso antes de que fuera comunicada a los interesados, según la defensa”.
En este sentido, los abogados de Cano han instado a “cesar inmediatamente” la investigación, pues, según ellos, se ha producido la judicialización del caso. También han denunciado que el productor musical sufrió “intimidación” por parte de la Policía, que se llegó a presentar en el domicilio de su madre y, al no estar Cano en Madrid, según dice la defensa, los agentes se llegaron a desplazar hasta Ibiza para entregar su citación.
“Todo este rocambolesco proceso sigue poniendo en evidencia una investigación policial desde la comisaría de Madrid desproporcionada, políticamente inspirada, chapucera y, lo que es más grave, no sometida a la supervisión de los magistrados”, han criticado. “Actuación que continúa incluso a día de hoy en un proceso ya judicializado, lo que constituye una muy preocupante irregularidad”, ha reprochado la defensa.
Suspendida la comparecencia de los 17 becarios
El juez Antonio Serrano-Arnal, citó este martes de urgencia a los 17 estudiantes mexicanos que fueron presuntamente contratados de manera irregular para participar en el espectáculo “Malinche”, dirigido por el productor musical Nacho Cano. Los jóvenes, que tendrían que comparecer en un juzgado de Madrid este jueves 29 de agosto, ya que su regreso a México estaba programado para el 1 de septiembre. La citación, según fuentes judiciales, tenía como propósito permitir que los estudiantes declarasen en calidad de testigos o perjudicados, lo que podría hacer que sus testimonios pudieran ser utilizados en un posible juicio oral.
Sin embargo, este miércoles se anuncio la suspensión de estas comparecencias. Fuentes jurídicas informaron a EFE que el juez Serrano-Arnal, quien reemplaza temporalmente a la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha emitido una providencia para comunicar esta suspensión a las partes implicadas. La razón principal para esta decisión es que no se ha logrado citar a Roxana Drexel, directora de operaciones de “Malinche”, una de las personas investigadas en el caso. Esto impide garantizar la contradicción entre las partes, un requisito fundamental establecido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La citación se había ordenado debido a la inminente partida de los estudiantes a su país de origen. El juez Serrano-Arnal consideró que las declaraciones debían tomarse de manera presencial para asegurar su validez en etapas futuras del proceso judicial, y evitar así el tener que recurrir a videollamadas en el futuro, como había solicitado el representante legal de los estudiantes. Con esta medida, se buscaba que los testimonios fueran considerados como preconstituida en un eventual juicio.
