Los animales salvajes todavía no pueden cantar victoria en Extremadura. La asociación Circos Reunidos ha anunciado que planea llegar hasta el Tribunal Constitucional (TC) para denunciar a Guillermo Fernández Vara y al resto de la Junta de Extremadura. ¿El motivo? Un proyecto de ley aprobado por éstos que pretende acabar con el uso de animales salvajes en los circos de toda la región. 

La medida deberá de ser ratificada por el Parlamento regional, pero ello no ha impedido que se haya generado un extenso debate entre los que están a favor y los que están en contra de la ley. Desde Circos Reunidos nos señalan a ElPlural.com que "no entienden el motivo" de la medida, ya que se trata de una actividad "subvencionada por el Ministerio de Cultura". Asimismo, denuncian el "agravio comparativo", puesto que la normativa no afecta a otros espectáculos como la hípica o los toros. 

También, lamentan que la ley se haya presentado "sin reunirse con representantes del circo". No obstante, afirman que están a favor de que "se endurezcan los controles", y de que se sancione a los espectáculos que infrinjan la ley. 

Por otra parte, aseguran que "los animalistas en años no han conseguido ni una imagen de maltrato animal en un circo español", puesto que los vídeos que circulan por la red corresponden a festejos celebrados en Latinoamérica.

La Junta respeta la decisión

Frente a esta postura, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, la encargada de presentar la normativa, respeta la decisión de la asociación Circos Reunidos de denunciar al TC ("está en su derecho"), aunque advierte de que "en ningún momento se señala que haya nada inconstitucional".

"Si reúnen los requisitos adecuados para presentar un recurso de inconstitucionalidad, pues fenomenal, la gente es libre, igual que la Junta es libre de establecer en su legislación con competencias exclusivas lo que considere que es mejor para la ciudadanía", afirma García. 

Asimismo, recuerda que ya hay seis comunidades autónomas y 500 ayuntamientos en España, así como 25 países de la Unión Europea que han prohibido los circos con animales salvajes.