En pleno mandato de Josep María Bartomeu, el FC Barcelona acusó a su capitán, Gerard Piqué, de provocar un “gravísimo perjuicio” al conjunto catalán al solicitar al club que interactuara con sus negocios personales. Lo hizo a través de un informe interno, encargado por el propio presidente azulgrana, según ha adelantado el diario El Mundo en una nueva entrega del Barçagate.

El dossier al que ha tenido acceso El Mundo hiere de gravedad a la figura del central, toda una institución para el Barça y para el aficionado culé, rostro visible de una de las épocas más exitosas de la entidad. Sin embargo, como ocurriera con Leo Messi y sus controvertidas renovaciones, los perjuicios y las “faltas del respeto” al club se mantuvieron en un segundo plano, ante el temor que ocasionaba la pérdida de pilares como también lo era Gerard Piqué. No obstante, sí que se barajó la posibilidad de imponerle una sanción de “un 25% de su salario de un mes, que podía ascender a más de 300.000 euros”.

La gota que colmó el vaso fue el documental de Antoine Griezmann, entonces jugador del Atlético de Madrid. Kosmos, empresa del internacional español, produjo la pieza para Movistar en la que el francés esgrimía los motivos por los que rechazó al propio Barcelona y decidió permanecer en la entidad colchonera tras un primer acercamiento a los azulgranas.

El reportaje, que fue bautizado como La decisión, al estilo LeBron James, fue promocionado por el propio Gerard Piqué en sus redes sociales. El capitán del Barça, que en aquel momento disputaba con España el Mundial de Rusia, despertó las iras entre los altos cargos de la entidad. De hecho, Jordi Mestre, vicepresidente deportivo, aseguró que hablarían con él a su regreso. El futbolista, por su parte, restó importancia al asunto, asegurando que lo que pretendía es que la gente comprobara en primera persona cómo se toma una decisión tan trascendental “desde dentro”, aunque esta perjudicara a su propio equipo.

El documental vio la luz el 14 de junio de 2018 y tras su estreno, Josep María Bartomeu requirió al equipo jurídico culé un informe exhaustivo sobre los agravios en los que habría podido incurrir Piqué. El letrado Romàn Gómez-Ponti, jefe de la sección legal, remitió el dossier al presidente con copia a Óscar Grau, CEO del Barcelona, para ser escudriñado por el Comité Ejecutivo del club.

“La conducta del jugador tiene dos vertientes: la deportiva, prevista en diversas cláusulas de su contrato; y la empresarial, que entra en conflicto con los intereses del FC Barcelona”, arrancaba el informe. Así, según los servicios jurídicos del club catalán, “la producción del vídeo a través de una sociedad de su propiedad y las posteriores declaraciones en redes sociales” supusieron un “menoscabo” de la imagen de la institución “al anteponer sus intereses a los de la entidad”.

Asimismo, también incurrió en un perjuicio a la imagen “del presidente y de los ejecutivos”; así como “un gravísimo perjuicio para el club al manifestar la existencia de negociaciones con un jugador con contrato en vigor con un tercer club”, en referencia al Atlético de Madrid. A criterio del Barcelona, “podría acarrear responsabilidad disciplinaria para el presidente al hacerlo responsable de las negociaciones descritas”.

Incumplimientos de contrato

Según el Barcelona, el central habría violado una serie de cláusulas contractuales. “Las declaraciones y su actuación previa a la emisión del documental son actos que han perjudicado la imagen del FC Barcelona” y constituye un incumplimiento del “artículo uno del contrato”. Asimismo, consideraron también que se saltó el artículo 7 a causa de las manifestaciones, al considerarlas una “falta de respeto” a la organización, al presidente y al resto de directivos.

El informe recoge que Piqué se saltó también los artículos 9 y 14, debido a que el documental es una “actividad extraprofesional que en este caso ha entrado en conflicto con el FC Barcelona”. Asimismo, el jugador desarrolló en interés propio estas “actividades extraprofesionales” y realizó declaraciones que “han vulnerado su obligación de secreto en asuntos del club”.

En este punto, la entidad sopesó la posibilidad de sancionar al jugador de acuerdo con el Convenio Colectivo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con un montante correspondiente a “un 25% del salario de un mes, que podría ascender a más de 300.000 euros”.

Tras ello, los servicios legales del Barcelona trasladaban esta vía a la Comisión de Ética y Transparencia para que “se informe negativamente sobre esta actividad profesional realizada (conflicto de intereses)”. En paralelo, recordaban que denunciaron una situación idéntica cuando el propio Piqué promovió “el tema de los e-Games”, en alusión a las competiciones electrónicas de Kosmos.

Conclusiones del informe

Los letrados azulgranas recalcaron que “los jugadores en ningún casos pueden hacer negocios (ni directa ni indirectamente) con el club”. En el caso de que se expedientara al jugador advertían de la “presión mediática que se ejercerá desde fuera”. “Será muy alta y estaría vinculada a las intenciones de algunos exjugadores de llevar a cabo actuaciones orientadas a unas elecciones anticipadas en el club”, alertaron desde los servicios jurídicos del Barça.

A pesar del informe exhaustivo, la Comisión de Ética, en manos por aquella época de Maria Teixidó, no adoptó medida alguna contra el futbolista.