Una de las muchas consecuencias preocupantes de la grave crisis sanitaria del Covid-19 es la que se plantea en el sector de la educación. Un sector esencial, decisivo para nuestro futuro colectivo. Se está comprobando ya ahora, durante estos ya más de dos largos meses del actual estado de alarma, sin actividades escolares presenciales, que todo apunta que se prolongará con las vacaciones estivales. Pero lo más grave está todavía por llegar. Será a partir del inicio del nuevo curso académico, pasado ya el insólito verano que nos espera y por tanto después de más de medio año sin actividades escolares convencionales, cuando todo nuestro mundo educativo se enfrentará al enorme desafío pedagógico y organizativo que comportará la reanudación de todas estas actividades escolares en lo que han dado en denominar “nueva normalidad”, que por ahora aún sigue siendo una incógnita pendiente de descifrar.
Durante el estado de alarma, según muchos expertos en educación, ya se han detectado algunos indicios notables de diferencias sustanciales en el impacto que esta crisis sanitaria ha tenido entre los centros escolares privados, concertados y públicos. Estas diferencias pueden agravarse todavía mucho más cuando nos encontremos metidos de lleno en esa “nueva normalidad”, en la que entraremos con la llegada del nuevo curso escolar. Existe un riesgo realmente muy grave de que la brecha social escolar alcance entonces unas cotas de desigualdad tan altas que dicha brecha social pueda condenar a muchos de nuestros escolares, quizás incluso a la mayoría, a quedarse atrás. Tal vez definitivamente atrás, por desgracia. Esto puede suceder en especial en los niveles de básicos y obligatorios del sistema educativo, esto es en preescolar, primaria y secundaria, pero no es descartable en absoluto que este fenómeno se pueda extender al conjunto del sistema.
Resulta relativamente cómodo y fácil, pero en modo alguno es comprensible ni admisible, que algunas autoridades educativas pretendan hacernos creer, o incluso que ellas mismas crean, que todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país tienen ya en la actualidad igualdad de acceso a los sistemas de educación telemática que han sustituido en parte a la educación presencial durante estos dos últimos largos meses, y que previsiblemente deberán ser utilizados en el futuro, con mayor o menor intensidad, para poder mantener las distancias físicas y otras medidas de seguridad higiénica que a buen seguro deberemos mantener aún durante muchos meses más. Como mínimo, hasta la existencia de una vacuna contra el coronavirus que sea eficaz y al mismo tiempo esté al alcance de todos
No se trata solo de algo tan obvio como que muchos de nuestros escolares no disponen en sus domicilios de ordenadores portátiles y de las correspondientes conexiones que les permitan el acceso a las redes. Es más que probable que esta disponibilidad sea total o casi total tanto en el alumnado de los centros escolares exclusivamente privados como también en un elevado porcentaje de los alumnos matriculados en centros concertados. Pero es más que evidente que no sucede ni sucederá lo mismo, al menos en el más inmediato futuro, en los centros públicos, muchos de cuyos escolares no solo no disponen de su propio ordenador personal ni tienen conexiones que les permitan acceder desde sus propios domicilios a la educación telemática, sino que tampoco cuentan en sus hogares con el imprescindible apoyo de unos adultos que puedan ayudarles ni un entorno socio-cultural apropiado para ello, sin olvidar los problemas que este incremento de esta educación no presencial puede añadir a la ya difícil conciliación familiar.
Más allá de los problemas de toda índole que sin duda alguna se pueden derivar de la sensible reducción de la necesaria socialización que comporta siempre la educación presencial, y por tanto compartida por todos y cada uno de los alumnos con sus educadores y condiscípulos, es evidente que la sustitución de esta clase de enseñanza por la telemática, por parcial que pueda ser dicha sustitución, está condenada a provocar una brecha social mucho mayor que la ya existente en la actualidad.
Desde la tan deseable cogobernanza, todas las autoridades educativas de este país tienen planteado ahora un reto inaplazable y urgente, al que deben dar una respuesta justa y eficaz. Las competencias en materia de educación están actualmente transferidas a todas las comunidades autónomas, y por tanto son en primer lugar ellas las que deben enfrentarse a este importante desafío, en el que nos jugamos gran parte de nuestro futuro colectivo, el futuro de nuestros hijos y nietos. Y el Gobierno de España debe contribuir, de acuerdo y de la mano de las autoridades autonómicas correspondientes, a reducir a la mínima expresión posible este grave riesgo de brecha social escolar.
