Dos niños, uno de 10 años y otro de 18 años, han muerto de frío en un cayuco que Salvamento Marítimo rescató en la madrugada del miércoles en Gran Canaria. El pasado jueves se pudo saber que los chicos llevaban horas sin vida, ahora se ha conocido que fue a causa de la hipotermia de las bajas temperaturas en alta mar y el agua helada de las olas que les golpeaban. Los operativos de rescate encontraron también a varias personas con vida al lado de los fallecidos.

2023 ha sido el año en el que más migrantes han llegado por vía marítima a Canarias desde el continente africano. El lado más cruel que afecta a las personas que se van de su lugar de origen en busca de una vida mejor ha dejado, también este año, imágenes tan estremecedoras como la que aquí se relata, la muerte de un niño entre 10 y 12 años y otro que recién había cumplido la mayoría de edad.

Puntos del pacto migratorio

El cayuco transportaba a 50 personas más y se trasladaba hasta el muelle de Arguineguín, según cuentan los supervivientes. El mayor de los chicos murió el mismo martes, mientras que el otro perdió la vida poco antes de que los servicios de rescate pudieran presentarse en la zona.

Los lamentables hechos coinciden con el nuevo pacto migratoria que ha cerrado la Unión Europea (UE) antes de que España finalice su liderazgo. Hay representantes que califican de histórico dicho acuerdo que, entre otras cuestiones, sustituye el concepto de “solidaridad obligatoria” por el de “solidaridad flexible”. Se trata de un hito sin precedentes, habida cuenta de que la situación llevaba encallada desde 2020.

El pacto lo componen cinco reglamentos que van desde la llegada de la persona que pide asilo a territorios comunitarios hasta la acogida de éstos o su rechazo. Concretamente, se trata del de control y procesamiento de los datos de los migrantes, del de control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios, la administración de las crisis y la gestión y atención a las personas que piden asilo. Este último es el más importante a ojos de las instituciones si se tiene en cuenta que actualmente le toca de lleno a los países por los que se produce la primera entrada de las personas migrantes: España, Italia o Grecia.

Voces críticas

Sin embargo, el hecho de que algunos países puedan saltarse las cuotas obligatorias de acogida pagando 20.000 euros por cada persona que rechacen, así como unas condiciones de acogidas más duras, ha provocado críticas de ONG y asociaciones, mientras países como Francia, en palabras de su responsable Emmanuel Macron, defienden una ley sobre la que reconocen tener dudas, pero que respaldan apoyar por su situación concreta. La idea, por contra, que defienden quienes apoyan el texto, es que, entre otras cuestiones, responde ante un socio desbordado por la llegada de migrantes, ya sea pagando esa compensación o reubicando en su territorio aparte de esas personas que llegan.

También dentro de España ha recibido las críticas de Sumar. Su portavoz, Yolanda Díaz, asumía que el pacto migratorio es una “mala noticia para las personas migrantes y el proyecto europeo” y llegaba a decir que la política migratoria europea “ha convertido el Mediterráneo en una fosa común”.  Dentro de la formación y del Gobierno se han pronunciado otros ministros como la responsable de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien lamenta que el acuerdo elimine el derecho al asilo.

¿Por qué el acuerdo ha estado tanto tiempo encallado?

Los Estados miembro de la UE han tardado más de tres años en alcanzar este acuerdo, encontrando los principales escollos en las salvaguardas para los colectivos más vulnerables, incluidos los menores no acompañados y sus familias, así como en los procedimientos acelerados en la frontera que incluirán deportaciones rápidas para aquellos cuya solicitud no se acepten y procedan de países calificados de seguros.

Los veintisiete también han tenido que hacer frente a diferencias sobre el reglamento para el control previo de entrada con el que identificar más rápidamente a las personas que no recibían protección. Además de todo ello, Polonia y Hungría, con la ultraderecha, han sido históricamente los que más reservas han tenido a la hora de aceptar el reparto de cuotas para acoger a quienes llegan en esos flujos migratorios.