La Unión Europea (UE) ha logrado dos hitos para concluir la presidencia española del órgano: un pacto migratorio sin precedentes y un acuerdo político para las nuevas reglas fiscales.

Reglas fiscales

Comenzando por este segundo, los Veintisiete han llegado a un acuerdo que proporcionará un margen mayor a los Estados miembros para establecer su senda de consolidación fiscal pero que mantiene intactos los pilares de la gobernanza económica del club. A saber, que los objetivos de un déficit no superior al 3% y una deuda pública por debajo del 60% del PIB.

En el detalle de la cuestión, destacar que la lógica a la que obedecen las nuevas reglas fiscales tendrán es que la Comisión Europea establecerá una trayectoria técnica del gasto neto primario, es decir, que excluye gastos cíclicos como desempleo o intereses, y que se definirá, entre otras cosas, a raíz de un análisis de sostenibilidad de la deuda, así como que los Estados miembros se verán en la obligación de trazar planes de ajuste a cuatro años, extensibles a siete siempre y cuando sean capaces de justificar que están haciendo reformas a inversiones, que se negociarán siempre con los técnicos comunitarios, otorgando de esta manera más control a los capitales para diseñar la manera en la que conseguir la consolidación fiscal. Siempre manteniendo, como ya se ha señalado, los dos pilares mencionados.

De este modo, los Estados que superen ese porcentaje del déficit deberán hacer un ajuste estructural de al menos el 0,5% anual hasta quedarse por debajo del límite, pero cabe destacar la exigencia de que ese 3% sea un suelo de gasto y no un techo de gasto. En consecuencia, los Estados miembros deberán seguir reduciendo su déficit aún en el momento en el que no se encuentren en el conocido como “brazo correctivo” del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y deberán llevarlo hasta el 1,5% a un ritmo de ajuste estructural primario anual del 0,4% en caso de tener un plan a cuatro años y del 0,25% si ese plazo queda ampliado hasta los siete años. Asimismo, por una salvaguardia de deuda pública pensada desde Alemania, los Estados miembros en el brazo preventivo con más de un 90% del PIB de deuda pública tendrán que reducirlo en un 1% anual, mientras que los que se encuentran por debajo del umbral deberán hacerlo en un 0,5%.

Pacto migratorio

En otro orden de cosas, la UE ha conseguido después de varios años de intentos fracasados, cerrar el tan esperado pacto migratorio, lo que en la práctica supone un paquete de reglamentos que trazan dibujan otra manera de gestionar la llegada de migrantes. También el pasado miércoles, después de días muy duros de negociaciones entre Consejo, la UE y el Parlamento, de nuevo con España como baluarte hasta que acabe año.

Finalmente, los máximos responsables de la UE han dado luz verde a un nuevo documento legal que soporte los requisitos de acogida de los solicitantes de asilo y establece que una parte de esa protección que destacan en la Unión la asuman todos los países miembros.

Son cinco los reglamentos que componen el nuevo pacto, que supone un hecho histórico, y que van desde la llegada de la persona que pide asilo a territorios comunitarios hasta la acogida de éstos o su rechazo. Concretamente, se trata del de control y procesamiento de los datos de los migrantes, del de control de las fronteras exteriores, la tutela judicial y los recursos necesarios, la administración de las crisis y la gestión y atención a las personas que piden asilo. Este último es el más importante si se tiene en cuenta que actualmente le toca de lleno a los países por los que se produce la primera entrada de las personas migrantes: España, Italia, Grecia…

La cuestión es relevante, ya que el pacto llevaba años encallado, ya que desde que la Comisión Europea pusiera sobre la mesa su propuesta en 2020, las idas y venidas han sido continuas, hasta el punto de que solo en junio, el Consejo pudo cerrar una posición común acerca de uno de los asuntos más controvertidos y que tiene que ver, precisamente, con las cuotas obligatorias de solicitantes de asilo a repartir entre todos los socios y que se encuentra regulada en dos reglamentos. Después, en octubre, todos los Estados miembro unieron posturas frente al quinto y último de los reglamentos, vinculado a las situaciones de crisis e instrumentalización, para dar paso con ello a la negociación entre los “mandamases” que fijaran el texto definitivo.