En una operación sin precedentes, la Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en Madrid, Málaga y Toledo. Esta intervención culminó este lunes con la liberación de 32 víctimas y la detención de 26 personas, incluyendo a los dos cabecillas que ya han ingresado en prisión provisional. Durante el operativo se han clausurado cuatro casas y se han intervenido numerosos contratos laborales que evidenciaban la explotación de cerca de 600 mujeres en el último año.

En las residencias de las víctimas, se encontraron carteles con normas estrictas que imponían sanciones económicas de entre 30 y 40 euros por incumplimientos. Las mujeres debían estar disponibles y arregladas las 24 horas del día, con solo cinco minutos para presentarse ante un cliente. Además, enfrentaban la expulsión si ganaban peso, no cumpliendo con los cánones de belleza impuestos por la organización.

Condiciones inhumanas y vigilancia constante en la red de explotación

Las víctimas vivían hacinadas en sótanos, en habitaciones de pequeñas dimensiones, separadas por cortinas, con escasa ventilación y en condiciones insalubres. Mientras tanto, las áreas destinadas a la prostitución estaban equipadas con lujo de detalles. Además, en toda la casa había cámaras de seguridad que vigilaban constantemente a las mujeres, quienes eran obligadas a ofrecer a los clientes diversas sustancias estupefacientes como cocaína, 'tusi', cristal y medicamentos para la disfunción eréctil.

La investigación, que comenzó en junio de 2023 tras la alerta de una víctima, llevó al registro de once domicilios donde se incautaron 40.000 euros en efectivo, un arma de fuego con munición, diversas drogas y 500 pastillas para la disfunción eréctil, además de tres vehículos, dispositivos electrónicos y documentación relevante para el caso.

La mayoría de las mujeres explotadas eran colombianas y venezolanas, captadas en sus países de origen a través de empresas o por las encargadas de las casas, conocidas como 'mamis'. Estas mujeres eran atraídas con la promesa de ganar 5.000 euros semanales y buenas condiciones laborales en España, pero al llegar contraían deudas de entre 3.000 y 4.000 euros con la organización y perdían sus derechos de imagen.

Este caso ha marcado un hito en la cooperación internacional, ya que la Policía Nacional trabajó conjuntamente con el Centro Especializado contra el Tráfico de Migrantes y la Trata de Personas (CTT) de Ameripol en Río de Janeiro. Esta operación se enmarca dentro del programa 'PAcCTO 2.0/Apoyo a AMERIPOL', que busca fortalecer la colaboración en materia de justicia y seguridad entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe.

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