Pese a que España es uno de los países europeos en los que mayor tasa de vacunación existe, no todos los españoles están dispuestos a vacunarse de la Covid-19. Así lo afirma el último barómetro del CIS, que recoge que el 43,8% de los españoles no se vacunará cuando se obtenga la vacuna. Aunque existen mecanismos para obligar a hacerlo.

La Constitución española recoge en su artículo 15 que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral", además del artículo 43 que defiende el reconocimiento del "derecho a la protección de la salud" Estableciendo que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto".

No obstante, no es obligatorio vacunarse en España. Existen leyes como la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica que establece el derecho del paciente a aceptar o rechazar un tratamiento sanitario.

Sin embargo, la jerarquía normativa española establece que la Constitución prima sobre las leyes, por lo que si el Gobierno desea, puede obligar a los ciudadanos a vacunarse.

Pero la vacunación ya está regulada por diferentes leyes. La Ley 22/1880 autoriza a que las autoridades sanitarias impongan la vacunación en unos supuestos. Incluso la propia ley que regula el estado de alarma del año 81 establece que el Estado tiene autoridad para obligar a imponer medidas. No obstante, el Tribunal Constitucional debería regular una supuesta obligatoriedad de vacunación.

La vacunación, a debate

Las vacunas nunca han estado tan en el punto de mira como hasta ahora. La falta de información, así como las noticias que señalan paradas en el proceso de investigación de las vacunas, avivan el debate al respecto.

El barómetro de octubre del CIS, señala que el 43,8% de la población no se pondrá inmediatamente la vacuna cuando esté por fin disponible. El dato es preocupante ya que el porcentaje es mayor al de los que sí estarían dispuestos a vacunarse, un 40,2%. 

Pese a todo, cuando las vacunas son puestas en el mercado han pasado ya todas las pruebas necesarias y son completamente seguras. Y aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está acelerando los procesos de autorización, nunca se traduciría en un cambio en los estándares de calidad, seguridad y eficacia.

Illa y Simón descartan una vacunación obligatoria, pese a Feijóo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, descarta tener que aplicar este tipo de medidas. “En España nunca ha hecho falta hacer obligatorias las vacunas y somos una población muy consciente y consecuente de los riesgos a los que nos exponemos y de los beneficios tanto individuales como poblacionales que nos puedan aportar las vacunas”, aseguraba en una entrevista en TVE.

Misma opinión manifiesta el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha manifestado en repetidas ocasiones que no es necesario. "No contemplamos la vacunación obligatoria, no da buenos resultados", aseguraba recientemente asegurando que "en España existe una tradición de vacunación buena".

Sin embargo, hay quienes se muestran a favor de obligar a vacunar. La última vez que Alberto Núñez Feijóo se manifestó a favor de la vacuna obligatoria fue hace menos de una semana en Las Mañanas de RNE con Iñigo Alfonso. El político del PP descartó entonces poner fecha a la vacunación de los ciudadanos de Galicia, aunque reiteró que la vacuna podría ser obligatoria en algunos casos si las autoridades sanitarias así lo deciden.

Ya en el mes de octubre, la Xunta de Galicia anunció una reforma de su legislación sanitaria que permitiría "regular con mayor seguridad jurídica y claridad" la pandemia.

Esta reforma busca poder obligar a que los pacientes se sometan a tratamientos o reciban las vacunas que se consideran obligatorias. La norma, sin embargo, seguirá dejando en manos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el respaldo de las medidas que quiera tomar la Xunta.