El Ministerio de Defensa ha acordado el cese del capitán del ejercicio en el que fallecieron dos militares ahogados en diciembre en la Base de Cerro Muriano, en Córdoba. Esto se produce después de que la familia de Carlos León Rico, uno de los fallecidos junto con Miguel Ángel Jiménez Andújar, remitiera una carta a la ministra de Defensa, Margarita Robles, solicitando información sobre el ejercicio del capitán, ya que se había anunciado que se le apartaría del mando.
El abogado de la familia de Carlos León Rico, Luis Romero, comunicaba que había remitido un escrito a Defensa. En este solicitaba que se informase a la familia de si tanto el capitán Zúñiga como el teniente Tato seguían al mando de los ejercicios después de los hechos acontecidos en la base de Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre. Además, denunciaba también que a pesar de que se dijo que lo iban a apartar del cargo, se limitaron a cambiarlo de compañía. En la carta remitida a la ministra, el abogado solicitaba saber si tanto el teniente como el capitán “han tenido bajo su mando a militares testigos de los hechos del día 21 de diciembre en el lago”, si el capitán contaba con algún expediente disciplinario y sobre las medidas de seguridad que se cumplían ese día.
Escasa seguridad
Los militares, que pertenecían a la Brigada Guzmán el Bueno X, se encontraban realizando ejercicios de maniobras en un lago con temperaturas que rondaban los cuatro grados. Momentos después se perdió la pista de ambos y fue el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de Andalucía y de la Policía Judicial de Córdoba y Palma del Río los que encontraron los dos cuerpos sin vidas con signos de ahogamiento. Según pudo revelar la investigación, durante el ejercicio los militares carecían de una seguridad adecuada a la actividad que estaban realizando y su vida corría peligro, lo que se demostró finalmente de manera trágica.
En este sentido, el letrado de la familia de León ha señalado que los militares se vieron obligados a atravesar el lago de Cerro Muriano “sin contar con las más elementales medidas de seguridad” y siendo los mandos conscientes del peligro que esto podría conlleva “contemplando que lo más probable es que en caso de que ocurriera una situación como la que ocurrió, no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas”.
Además, según la declaración de uno de los militares testigos del fatal episodio el capitán hizo caso omiso a las advertencias realizadas por sus compañeros y señalan que muchos de ellos “tragaron mucha agua y se desmayaron, quedaron inconscientes y perdiendo el conocimiento, y otros llegaron a sufrir hipotermia, dañando la integridad física de muchos de los participantes”.
A esta serie de incumplimientos, se suma la carga que llevaban las mochilas portadas por los dos militares fallecidos. Según señaló el letrado, tanto estos dos como otros compañeros llevaban sobrepeso como castigo. Concretamente, pesaban “unos 8 kilos, más los 3,5 kilos de la pesa a modo de castigo”. Además, añade que no había “línea de vida”, una cuerda de sujeción que se amarra en un punto fuera del lago, sino otro tipo de cuerda instalada por dos sargentos “que reconocieron que no era una línea de vida y que además no estaban cualificados para ello”. Sobre esto último, también se ha pronunciado la familia de la víctima que asegura que “no era tal, sino que simplemente era una cuerda guía, que además parece ser que fue soltada por las personas que se encontraban en la orilla, obedeciendo la orden del capitán”.
Recurso de alzada
Ahora mismo, después de que el pasado viernes compareciesen como investigados ante el Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla el capitán y el teniente y también el sargento Estupiñán, el mando pasa a la situación de servicio activo “pendiente de asignación de destino” y Defensa ha informado que contra la última resolución de cese se podrá interponer un recurso de alzada en el plazo de un mes.
Mientras sigue la investigación a manos de peritos y Policía Judicial de la Guardia Civil, el Togado ha pedido que las declaraciones de militares de otras unidades solicitadas por la Fiscalía se pospongan hasta determinar la competencia respondiendo a un asunto de posible responsabilidad penal contra militares aforados.
