La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha afirmado que el Gobierno no quiere "poner en marcha medidas coercitivas" contra los padres que se nieguen a que sus hijos vuelvan a los colegios, pero ha añadido que "obviamente, si se necesitaran habrán de cursarse, porque es obligación atender el derecho a la educación de cualquier niño".
Así lo planteó la ministra, este lunes, durante su comparecencia ante la comisión de Educación del Congreso, en referencia a la posibilidad de que el temor al posible contagio de Covid-19 provoque un aumento del absentismo escolar cuando en las próximas semanas se inicie el curso.
Celaá, que compareció para dar cuenta de los planes del Gobierno para el inicio del año académico, quiso tranquilizar a las familias al asegurar que los centros educativos van a ser "lugares seguros" con medidas como el uso obligatorio de las mascarillas para los alumnos mayores de seis años o el establecimiento de grupos burbuja en educación infantil.
"Los beneficios son mucho mayores que los riesgos"
La ministra recordó que la asistencia a clase es obligatoria, por lo que el Gobierno tiene la obligación de que se cumpla el derecho a la educación de los niños. "Los beneficios de atender a la escuela son mucho mayores que los posibles riesgos asociados a la pandemia", subrayó Celaá.
"Pero preferimos que sea por convencimiento, que las familias sepan que la educación es un beneficio y que los niños felices se hacen en la escuela", señaló Celaá, que este lunes también insistió en que el cierre de un colegio solo se contemplará como última opción y cuando exista un contagio descontrolado en el centro.
