A partir de febrero de 2018 entrará a funcionar la nueva reforma legal que permite a las personas con discapacidad formar parte de un jurado popular, después de que las Cortes aprobaran, el pasado mes de noviembre, una reforma de la Ley del Tribunal del Jurado que, actualmente excluye de integrarlos a personas con discapacidad “física o psíquica” en los jurados populares.
Con esta iniciativa, que contó con la unanimidad de ambas Cámaras durante su tramitación, se adapta la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en 2008 en España, y que en su artículo 13 establece el derecho de acceso a la justicia de este colectivo, “incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos”.
Será en apenas un mes cuando las distintas administraciones de justicia españolas deban tener todo preparado a nivel técnico y humanos para cumplir esta norma, plazo acordado por los grupos parlamentarios ya que la modificación se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 14 de diciembre.
Fue el Comité español de representantes de personas con discapacidad (CERMI) el que alertó de la situación de discriminación que vivía este colectivo a la hora de participar en la justicia española y puso el problema en conocimiento de los diferentes partidos políticos del Congreso.
El CERMI también consiguió llevar hasta las Cortes una reforma del Registro Civil, para eliminar la exigencia de certificado médico para aquellas personas con discapacidad que deseaban contraer matrimonio. Una medida que se entró en vigor en junio de 2017, con el voto unánime de los grupos, y que ahora sólo pide permiso de expertos en casos “excepcionales”.
No son las únicas medidas que ha emprendido esta organización en colaboración con el Congreso y el Senado, ya que en esta legislatura ha registrado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre copago en el sistema de dependencia, que el PSOE ha llevado a debate al Pleno y ha sido apoyada por la mayoría para su tramitación.
