La información sobre lo que acontece fuera de nuestras fronteras no es frecuente en los medios de comunicación españoles, salvo en unas pocas excepciones que confirman la regla. Nos miramos demasiado nuestros ombligos políticos y nos olvidamos con frecuencia que, casi siempre, lo que nos ocurre ha pasado antes en otros países y aquí lo importamos con un cierto retraso.
Lo que Vox va imponiendo en las ciudades y comunidades en las que accede al poder es una agenda ultra que coloca en la diana a la educación y la cultura, y que la internacional ultra viene ensayando en los cinco continentes con la ayuda de los sectores integristas de las distintas religiones.
Una película húngara de 2023, La profesora de Literatura, ópera prima de la directora Katalin Moldovai, disponible en Filmin hasta el 11 de agosto, cuenta el acoso de un padre ultraconservador a una profesora de literatura por la simple recomendación de una película a estudiantes de 17 años en un instituto público de una pequeña ciudad magiar. El film, que lleva ya 24 galardones, ha obtenido el premio de la Crítica en el reciente Atlántida Mallorca Film Fest, en cuya gala final estuvo la reina Letizia.
No se trata de una anécdota aislada, es un ejemplo de la imposición del pin parental en el sector educativo que deja al descubierto las vergüenzas ultraderechistas de Hungría, donde la mayoría absoluta del partido de Viktor Orban ahoga a la sociedad civil. El afán censor de concejales de Vox se ha visto ya en España en numerosos casos de rechazo a determinadas obras de teatro o actuaciones de grupos que no coinciden con sus gustos estéticos.
Pero la cruzada ultra contra la educación y la cultura viene gestándose desde hace años en la Rusia de Putin con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa, en Polonia con el apoyo de los ultracatólicos, en el Brasil de Bolsonaro con el apoyo de las comunidades evangélicas y en los Estados Unidos, donde ahora los estados republicanos arremeten contra las bibliotecas públicas y las escolares para "limpiar" sus estanterías de los libros que consideran peligrosos desde su fanatismo ideológico.
En los estados norteamericanos más radicalmente trumpistas se han presentado, incluso, proposiciones de ley en sus respectivos parlamentos para "desfinanciar" a las bibliotecas públicas y dejar como únicos centros culturales de las pequeñas localidades las bibliotecas de las iglesias. Incluso se ha llegado a pedir penas de cárcel para los bibliotecarios que se nieguen a retirar los libros que las organizaciones ultraconservadoras denuncian a las autoridades locales.
La Argentina, presidida por Milei, también quiere quitar la financiación pública a la red de 1.200 bibliotecas populares y ya ha reaccionado el mundo de la cultura con más de 20.000 firmas contra la ley Ómnibus, entre las que se cuentan las de Fito Páez, Cecilia Roth y Leonardo Sbaraglia, entre otras muchas figuras de la música, el cine, la literatura y las artes plásticas y escénicas.
Cuando la derecha recorta las inversiones en enseñanza pública, como ocurre en España en las comunidades gobernadas por el PP, una de ellas, y con fuerza, Andalucía, lo hace al tiempo que impulsa centros y universidades privadas, en la mayoría de los casos promovidas por entidades religiosas con un marcado sesgo integrista. La guerra cultural de las derechas contra las ideas de progreso persigue anular el espíritu crítico individual y colectivo e imponer el adoctrinamiento de los sectores más integristas de las respectivas religiones.
