Quienes pensaban que los problemas que la trama Gürtel estaba ocasionando al PP valenciano se acabaron con la absolución de Camps por la causa de los trajes, estaban muy errados. Porque el juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV) José Francisco Ceres le acaba de dejar encima de la mesa al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, otra herencia envenenada de su antecesor: el procesamiento de tres miembros del gobierno de Camps acusados de prevaricación y tráfico de influencias que ocupan escaño en las Corts Valencianes. De un grupo de 55 diputados que conforma el grupo popular, Fabra tiene ahora a tres procesados y seis imputados.



El juez que instruye la causa sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha procesado al exvicepresidente de la Generalitat con Francisco Camps, Vicente Rambla, y a las exconselleras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such, a los que acusa de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Los tres ocupan un escaño en las Corts Valencianes. El magistrado cerró hoy la pieza separada del caso Gürtel relativa a las contrataciones que realizó Orange Market con la Generalitat por el pabellón valenciano de la feria de turismo Fitur entre 2005 y 2009 y también acusó de los mismos delitos al exjefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret –que ya fue procesado en la causa de los trajes contra Camps- y a otros tres funcionarios.

Contra Correa, Crespo y El Bigotes
El juez instructor José Francisco Ceres  considera asimismo que existen indicios de delito en las actuaciones de Francisco Correa, considerado el “capo” de la trama, y de su delegado en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, así como de Pablo Crespo y otras tres personas relacionadas con Orange Market, a quienes acusa de un posible delito de trafico de influencias continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración Pública y falsedad en documento oficial. Igualmente, el juez aprecia posible cohecho activo en Pérez, Crespo y Correa y, en consecuencia, posible cohecho pasivo en las dos exconselleras de Turismo.

El juez ha archivado la causa contra cinco imputados, entre ellos la exdirectora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Dora Ibars, que fue destituida recientemente de su cargo por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

Cambios en los pliegos de contratación
El magistrado  señala en su auto que Rafael Betoret, tras las indicaciones de la consellera Milagrosa Martínez, ordenó a funcionarios de la Agencia Valenciana de Turismo que efectuaran cambios en los pliegos de contratación para Fitur con el fin de que la adjudicación fuera a parar a la empresa Orange Market. El juez asegura que personas vinculadas a Orange Market, a cuyo frente estaba en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, elaboraron “paralelamente un borrador de criterios de adjudicación”.

Respecto al exvicepresidente Vicente Rambla, el auto indica que “en la concesión del referido trato de favor por parte de la Agencia Valenciana de Turismo a la mercantil Orange Market y singularmente en las de los años 2008 y 2009, pudiera haber tenido algún grado de intervención” que, en aquellos años “tenía una estrecha relación personal con Álvaro Pérez que éste fue fomentando y de la que trató de aprovecharse, sabedor que intervenía de alguna forma en nombre de la Generalitat en la decisión sobre los denominados Grandes Eventos que se realizan en la Comunidad Valenciana, pretendiendo obtener facilidades para la adjudicación en las referidas contrataciones”.

En cuanto al presunto delito de cohecho pasivo, el magistrado indica que en el registro judicial de la sede de Orange Market se encontró “un listado de presuntos regalos a diversas autoridades, funcionarios y personalidades así como la compra de diversos productos en distintos establecimientos de la localidad de Valencia” en el que figuraban tanto las dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Angélica Such, como el entonces vicepresidente Vicente Rambla.

“Siempre me pagan antes”
El juez José Francisco Ceres sostiene que las diligencias practicadas “revelan un abanico y pluralidad de irregularidades en la mencionada contratación administrativa objeto de investigación, en la facturación así como la existencia de relaciones personales no habituales entre un adjudicatario y funcionarios o autoridades” y considera que estas son indicadoras de “la existencia de una voluntad de favorecimiento en la adjudicación del concurso”.

Los indicios sobre el tráfico de influencias y la prevaricación también se sostienen, según el juez, en conversaciones como la mantenida por El Bigotes con un alto directivo de un banco, al que, como argumento para conseguir la renovación del crédito y “a modo de garantía o aval” le dice: “Todos los años hago el stand del Gobierno Valenciano de Fitur, ¿vale?”, o “que tengo la suerte de que el Gobierno valenciano siempre me paga antes de lo que está pactado en el pliego, en el contrato”, en el pliego de condiciones”.