La condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a miembros de su Equipo por la venta de viviendas sociales en 2013 es resultado de una larga batalla de las familias afectadas, propia de David contra Goliat, a través de recursos sucesivos tras el intento de dar carpetazo al caso, y que tuvo su momento de inflexión en un informe de la Cámara de Cuentas que recogió en detalle la lista de las irregularidades en la macrooperación con la que el fondo de inversión Fidere-Blackstone se hizo con 1.860 pisos, 3.430 garajes y trasteros y 25 locales por la mitad de su valor de mercado.

El argumento de la crisis y la deuda

La entonces alcaldesa justificó la venta por la situación financiera de la Empresa Municipal de Viviendas Sociales (EMVS) y su necesidad de buscar fondos, uno de los argumentos desmontado por la Cámara de Cuentas, que dijo claramente que faltaba “la justificación de esa necesidad”.

“Esta Cámara no dispone, no obstante haberlo solicitado, de una documentación técnica, económica o jurídica que motive y fundamente (…) la necesidad de la venta global de esas 18 promociones”, afirmaba el informe.

El organismo público sentenció que el Ayuntamiento de Madrid dejó de ingresar millones de euros por haber vendido todos los inmuebles “de manera conjunta y no por separado" o "por lotes de varias promociones”, lo que habría sido más ventajoso económicamente.

No hubo informe de tasación

El Gobierno de Botella ni siquiera contó con un informe de tasación de los inmuebles y se sirvió de un análisis de la empresa Price Waterhouse Cooper, en formato de “borrador y por tanto provisional”, fechado en abril de 2013, que fijó la estimación del valor en entre 117 y 135 millones de euros. Según destacó la Cámara de Cuentas en su informe, Price Waterhouse Cooper era asesor de la adjudicataria del contrato, el fondo Blackstone, en el momento de la compra.

En la operación, además, fueron beneficiadas empresas comisionistas, como Ítaca, que emitió dos facturas por un importe total de 2.392.776 euros por su intermediación en la venta, sin que haya quedado claro en qué consistió.

El punto negro de los garajes, trasteros y locales

El Ayuntamiento vendió 62 garajes, dos trasteros y 25 locales en un lote único por 3 millones de euros, que valoró como “76 unidades”, cuando en realidad eran “89”, por lo que dejó de ingresar 297.000 euros.

A pesar de ese informe, de 2016, el juez no consideró pertinente abrir caso y comenzó una larga batalla judicial liderada por una asociación de vecinos liderada por Arancha Mejías, y la guía inestimable del abogado Mariano Benítez de Lugo, el mismo que sentó en el banquillo a Mariano Rajoy en el caso Gürtel, y del grupo socialista en el Ayuntamiento, desde la etapa de Tomás Gómez. Sin recursos, Arancha y otros vecinos aprendieron, in extremis, de leyes y de comunicación y para este caso se convirtieron en mano derecha del abogado en la batalla judicial.

El juez dio carpetazo dos veces

El juez dio en dos ocasiones carpetazo a la causa hasta que la Audiencia Provincial de Madrid estimó el informe de la Cámara de Cuentas y las demandas presentadas por el Grupo socialista y las familias. Un proceso que está abierto aún por la vía penal.

El letargo del Ayuntamiento

Con la llegada de Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid, las familias vieron un nuevo aliado. Sin embargo, a pesar de sus promesas en la oposición, a las fuerzas políticas que integraron Ahora Madrid les ganó la pereza y flaquearon en su empeño por momentos, lo que denunció abiertamente Arancha Mejías, tras varias reuniones con el Equipo de Gobierno municipal.

La presión de las familias pudo otra vez y el Ayuntamiento de Madrid decidió tomar cartas en el asunto. En junio de 2017 anunció que iniciaba un procedimiento administrativo para pedir declarar nula la venta a Fidere-Blackstone. Mientras, las familias seguían ganando batallas en los tribunales parando desahucios.

La condena del Tribunal de Cuentas

Este lunes, se ha conocido que el Tribunal de Cuentas ha estimado parcialmente la demanda presentada por el Ayuntamiento de Madrid y ha condenado a Ana Botella y a sus concejales por la venta. La demanda reclamaba un daño patrimonial de 55 millones de euros, que el Tribunal finalmente ha dejado en 26 millones. Por otra parte, no se consigue dar marcha atrás a la operación, como pedía el Ayuntamiento, y habrá que esperar el desenlace final por la vía penal. 

Los presuntos intereses del hijo de Botella y Aznar

El juez instructor del Juzgado Número 38 de Madrid Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba, que no tomó en cuenta el informe de la Cámara de Cuentas, también pasó de largo ante las denuncias de intereses económicos que afectan al hijo de la entonces alcaldesa, José María Aznar Botella, denunciados por la asociación Corruptil.

José María Aznar Botella era consejero de una empresa vinculada al fondo estadounidense Blackstone y lo fue hasta julio de 2015, poco después de que la asociación Corruptil denunciara ante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) las conexiones empresariales tras esta operación inmobiliaria.

Aznar junior era consejero de Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, ahora extinguida, de la que era presidente Juan Hoyos Martínez de Irujo, íntimo amigo de infancia del expresidente del Gobierno. La empresa tenía como consejera a la firma Intermediación y Patrimonio, propiedad del fondo Blackstone, según denunció Corruptil. El hijo de la familia Aznar aparecía, además, como consejero en otra empresa en la que Juan Hoyos Martínez de Irujo es presidente, Haya Real Estate, una compañía filial del fondo Blackstone.