El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), vulneró su obligación de controlar el cumplimiento de los contratos de alquiler de las 1.860 viviendas vendidas al fondo Blackstone, y que había suscrito la empresa pública.  La Cámara de Cuentas lo recoge así en su informe de 64 páginas, en el que destaca otras muchas irregularidades cometidas en esta operación inmobiliaria.


El Ayuntamiento no creó un órgano de seguimiento
Según dice la Cámara de Cuentas, “ni en la escritura ni en ningún otro documento costa que se haya constituido una comisión u órgano de seguimiento” de esas obligaciones asumidas por el comprador, el fondo Blackstone, a través de sus empresas Fidere Vivienda S.L.U y Fidere Gestión S.L.U.

La Cámara lo deja claro: “Las funciones que la EMVS le ha encomendado el Ayuntamiento de Madrid respecto de las viviendas de protección pública, se deben de seguir cumpliendo por el nuevo propietario, y del cumplimiento de estas obligaciones responde la EMVS (…) que debe garantizar que Fidere los cumpla”, porque, de lo contrario, se habría constituido en “una vía fraudulenta” la operación. Como han denunciado los afectados, Fidere no ha respetado las condiciones y ha aplicado importantes subidas en las rentas. Se trata de contratos en regímenes de alquiler, alquiler con opción a compra y arrendamiento con opción a compra para jóvenes

Consultado sobre este asunto por ELPLURAL.COM, el abogado Mariano Benítez de Lugo, que representa a las familias afectadas por la venta de las viviendas, ha considerado que el actual consejero delegado de la EMVS, Francisco López Barquero, debería valorar la creación de una comisión que estudie el estado actual de los contratos y la situación en la que se encuentran los inquilinos.

Sobre la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas, a partir del informe de la Cámara de Cuentas, y anunciada en un escrito con fecha de 19 de octubre pasado, Benítez de Lugo la valora de “positiva”, aunque añade que “no debe ser un obstáculo para que la vía penal se reactive, ya que no son incompatibles”.

El abogado ha pedido la reapertura de la causa -también lo ha hecho la EMVS recientemente- después de que el juez Juan Antonio Sáenz de San Pedro Alba, decretara el cierre provisional del caso el año pasado. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó posteriormente un recurso de apelación presentado por los afectados.


La EMVS no estaba obligada a vender

El Ayuntamiento de Ana Botella, en 2013, justificó la venta de 1860 viviendas, 3.430 garajes y trasteros y 25 locales por la situación financiera de la EMVS y su necesidad de buscar fondos. La Cámara de Cuentas desmonta este argumento, al afirmar que “falta la justificación de esa necesidad”.

“Esta Cámara no dispone, no obstante haberlo solicitado, de una documentación técnica, económica o jurídica que motive y fundamente (…) la necesidad de la venta global de esas 18 promociones”, afirma el informe.


Se dejó de ingresar millones de euros con la venta
Cuestiona, además, que se hayan vendido todos los inmuebles “de manera conjunta y no por separado" o "por lotes de varias promociones”, lo que habría sido más ventajoso económicamente. Por otra parte, menciona que si, al menos, se hubieran vendido según precios máximos de calificaciones de VPP la venta habría sido de 151.211.518 euros y no de 128.500.000 euros, el importe final de la venta.


No hubo informe de tasación

Sobre el valor de venta, la Cámara de Cuentas destaca, además, que no existió un informe de tasación sobre los inmuebles y que la EMVS dio por válido un análisis de la empresa Price Waterhouse Cooper, en formato de “borrador y por tanto provisional”, fechado en abril de 2013, que fijó la estimación del valor en entre 117 y 135 millones de euros.

Para la Cámara, la estimación de PWC “no tiene la consideración de un Informe de Tasación ya que no ha sido realizada por una empresa de valoraciones que figure como sociedad homologada como tal en el Registro de Entidades de Tasación del Banco de España”. Además, también lo resalta la Cámara, PWC era asesor de la adjudicataria del contrato, el fondo Blackstone, en el momento de la compra,


Contratos  a tutiplén a comisionistas

La investigación de la Cámara concluye que hubo falta de transparencia en el inicio de las actuaciones dirigidas a la venta, el 12 de octubre de 2012. “Se formalizaron cinco contratos de duración anual con empresas de intermediación inmobiliaria”, y el precio del contrato fue de 2.260.000 euros.

“El contrato no parece tener relación con la venta de las 18 promociones de viviendas por la naturaleza de los bienes que constituyen el objeto de aquel”, dice la Cámara, sin embargo -añade- basándose en ese contrato una de las adjudicatarias, Ítaca emite dos facturas por un importe total de 2.392.776 euros por su intermediación en la venta a Blackstone de las 18 promociones.


¿13 inmuebles de ‘regalo’?

Otro punto negro en esta operación es la compra de otros inmuebles: 25 locales, 62 garajes y 2 trasteros en los que se interesó Blackstone, que ofertó por ellos a la EMVS 3 millones de euros. La empresa pública aceptó el pago total sin hacer un estudio previo del valor de los inmuebles. La Cámara pone la lupa sobre el hecho de que la EMVS incluyó en su valoración “76 unidades”, sin embargo, en el valor asignado en las escrituras de compraventa aparecen “89” unidades. Esto significa que, en dinero contante y sonante, la entidad pública no ingresó 297.000 euros. Alguien tendrá que explicarlo.


Otros dos millones que se perdieron

Todo esto, después de que la empresa compradora rebajara  su oferta 2 millones de euros por supuesta “morosidad superior a la contenida en el anuncio de venta”. Decimos supuesta porque la EMVS no pidió pruebas de ello, según constató la Cámara de Cuentas.