La presidenta de la asociación de afectados por la venta de las viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid en 2013, Arancha Mejías, ha expresado su satisfacción por el “respiro” para su familia que representa la decisión del fondo de inversión Blackstone de renovarle el contrato, pero lo considera “un parche”, dado que “el problema de fondo es la venta ilegal de estos pisos” y, además, “hay otras muchas familias perjudicadas, en mi misma situación”.
La querella por discriminación
“Se resuelve, de momento, mi situación particular, que es una parte mínima del todo, y es importante tener en cuenta que la decisión de Blackstone llega después de que se admitiera a trámite la querella que presenté por discriminación”, dice a ELPLURAL.COM, Arancha Mejías, que denunció que el fondo se negaba a renovarle el contrato a su familia como represalia por ser la cabeza visible de la asociación de afectados.
"Alguien tendrá que responsabilizarse de los gastos"
Para Arancha Mejías, la decisión del fondo reafirma que había discriminación contra ella y recuerda que durante meses la batalla que ha tenido que dar su familia les ha ocasionado “gastos y perjuicios. El daño ya está hecho. Alguien tendrá que asumir esa responsabilidad”.
“Se intenta apagar el fuego con un contrato a la presidenta de la asociación de afectados. Soy cauta. Tendremos que ver el contrato de arrendamiento que me ofrecen que no me lo han hecho llegar aún”, añade Mejías.
¿Habló Carmena de los otros casos?
Arancha agradece la intervención de Manuela Carmena, pero recuerda que “la alcaldesa ha esperado cinco meses”, desde que su familia recibió el burofax anunciándole que debía abandonar el piso. Además, espera que Carmena haya hablado con el presidente de Blackstone de las otras familias afectadas y de la venta ilegal de las viviendas protegidas.
