La entrada en el Congreso de la proposición de ley de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos que supondrá la desaparición del delito de sedición del Código Penal y el agravamiento de los desordenes públicos que amenacen la paz social ha provocado un alud de reacciones contradictorias. El resumen de urgencia podría ser este: Junqueras gana, Puigdemont se siente traicionado y la CUP, los CDR y Òmnium se ven abandonados a la dura aplicación de la ley. Los socialistas, los del PSOE y los del PSC, subrayan el efecto desinflamatorio de la medida y el presidente de la Generalitat cree que es una iniciativa positiva pero insuficiente y prosigue en su reclamación de una amnistía y del reconocimiento de la autodeterminación. La derecha catalana igual que la españolista en sus diversas variantes clama al cielo.

Los juristas discrepan sobre los efectos reales que va a tener la reforma e incluso de la fórmula elegida por el gobierno Sánchez para tramitarla. La cesión por parte del Ejecutivo de la iniciativa a los grupos parlamentarios evita algunas consultas previas que podrían ser engorrosas y podrían alargar los tiempos políticos, muy trascendentes en esta operación. La primera consecuencia del anuncio ha sido la prevista, ERC y Junts (y la CUP) han discrepado radicalmente sobre el valor de la reforma. Para los republicanos, especialmente para el presidente Pere Aragonés, es un paso adelante en la resolución del conflicto, aunque modesto para las aspiraciones oficiales de su gobierno. Para Carles Puigdemont, simplemente es una trampa para cazarlo con el beneplácito de ERC.

ERC, aunque disimule enarbolando la bandera de la amnistía y la autodeterminación, es el gran beneficiario de esta modificación del Código Penal, especialmente su presidente Oriol Junqueras que podría ver recortado sustancialmente su periodo de inhabilitación de prosperar la lectura más positiva de estos cambios. La mayoría de juristas que se han manifestado, de todas maneras, creen que es pronto para precisar los efectos de la desaparición de la sedición para los dirigentes condenados e indultados, aunque no descartan que una aplicación generosa de los cambios pudieran permitir a los indultados un recorte sensible de sus inhabilitaciones. El consenso sobre las consecuencias para Carles Puigdemont y el resto de fugados acusados de malversación es más alto: difícilmente esta reforma les evitará condenas de cárcel.

Este horizonte permite visualizar una situación no muy lejana en la que Junqueras podría volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat o aspirar a un escaño en el Congreso de los Diputados, mientras Puigdemont seguiría buscado por la justicia española allí donde estuviere en función de las decisiones inminentes del Parlamento Europeo sobre su inmunidad. Este cálculo agrieta mucho más las relaciones entre ERC y Junts. Y consolida los intereses comunes transitorios del PSOE y ERC: el presidente Sánchez tiene al alcance de la mano los nuevos presupuestos y el presidente Aragonés obtiene un avance para incorporar a su magro balance de la presidencia.

Salvador Illa, con los sondeos a favor para ampliar la condición del PSC como primer partido del Parlament, se ha manifestado claramente a favor de esta proposición de ley que, a medio-corto plazo, podría enfrentarle a Oriol Junqueras. Sin embargo, el primer secretario de los socialistas catalanes ha salido al paso de la primera valoración institucional del presidente de la Generalitat para matizar a Aragonés en el sentido de que la eliminación de la sedición no es un primer paso para solucionar el conflicto político ni un acuerdo entre gobiernos. Illa ha situado la reforma como el resultado de un acuerdo parlamentario entre PSOE y Unidas Podemos, subrayando que sus efectos son simplemente desinflamatorios para la compleja situación política catalana y que no habrá ni amnistías ni autodeterminaciones, ni siquiera desjudicializaciones.

En esto, en la permanencia de las muchas judicializaciones pendientes de resolver, Junts, la CUP y Òmnium Cultural coinciden con Illa y discrepan de Aragonés. Estos actores del movimiento independentista creen que, el agravamiento de las penas por el delito de desorden público, pueden complicar el futuro de muchos de los acusados pendientes de juicio por este tipo de actos y señalan a ERC como cómplice de la operación. Si el objetivo del PSOE era aislar a los republicanos un poco más de sus antiguos socios, puede darse por satisfecho. Ahora solo falta por comprobar si este aislamiento de ERC le empuja o no a los brazos del PSC o si únicamente ofrece a Aragonés el aire suficiente para esperar el retorno de Junqueras.