La suspensión del Mobile, decidida unilateralmente por la empresa organizadora por el miedo al contagio de un virus lejano y por otras causas no explicitadas que son y serán objeto de discusión durante una temporada, ha desatado una solidaridad inusitada entre las administraciones catalanas, poco dadas a practicar esta virtud. Lo que está en juego es la continuidad de la feria, cuya desaparición definitiva de Barcelona implicaría un alto coste político para todas las instituciones. Todas las autoridades están dispuestas a sacrificarse para evitar malos mayores porque todas tienen mucho que perder.

El sacrificio que están asumiendo no es menor. Soportan estoicamente el golpe propinado por la empresa organizadora a la credibilidad de las autoridades sanitarias al ignorar los esfuerzos de prevención para mantener el país libre del virus y desoír las proclamas oficiales de seguridad; se disponen a encajar con buena cara la factura económica y laboral correspondiente a una crisis interna de los socios de GSMA que nada tiene que ver con Barcelona y se solidarizan con John Hoffman cuando intenta salvar la reputación del Mobile laminando, injustamente, la reputación de Barcelona respecto de ciudades competidoras en el negocio de las ferias y congresos como Ámsterdam o Ginebra.

La alianza política provocada por el desastre de la cancelación está exhibiendo una lealtad institucional casi olvidada en Cataluña desde que el nacimiento del Procés torpedeó los grandes consensos. El mensaje emitido con más fuerza apela a la esperanza de que la actitud contemporizadora en este momento de crisis ayude a reforzar la alianza de Barcelona (Cataluña y España) con GSMA, la empresa organizadora del Mobile que hasta la semana pasada obtenía todo lo que precisaba de las instituciones con relativa facilidad.

De momento, el objetivo conseguido y anunciado en la conferencia de prensa conjunta es modesto: recuperar la feria para el año que viene (el contrato vigente finaliza en 2013) eso sí, prometiendo que el Mobile venidero será el mejor de la historia, según la retórica olímpica utilizada por Juan Antonio Samaranch para agradecer los esfuerzos de las diferentes sedes de los JJ.OO.

Hoffman estará indudablemente agradecido a Ada Colau por la actitud mantenida por la alcaldesa en este trance difícil en el que probablemente la crisis de su empresa responda a factores complejos, desde la competencia tecnológica al modelo de la feria pasando por la guerra comercial entre sus principales socios. El miedo al contagio les habrá venido bien como ventana de oportunidad para ganar tiempo, sin pararse a pensar demasiado en las repercusiones para Barcelona. Seguramente es la primera vez que GSMA se encuentra en posición de debilidad en la larga relación con el Ayuntamiento y la Generalitat desde que se firmó el primer contrato en 2006.

La ampliación del contrato a partir de 2023 es el gran objetivo municipal y la gran baza que habrá esgrimido el organizador para obtener la solidaridad institucional, a partir de la cual Hoffman lleva varios días explicitando desde Londres su amor y cariño por Barcelona. El noviazgo de estos años puede acabar en un matrimonio con ciertas esperanzas de estabilidad. Desde 2006 la amenaza de la pérdida del Mobile ha actuado como acicate para una negociación continuada cuyo éxito más evidente fue la prioridad de la llegada al aeropuerto de la L9 de metro cuando todavía no se ha producido la conexión central de los dos extremos de esta obra faraónica y congelada durante años.

Hoffman estará pues en deuda emocional con Barcelona, Cataluña y España por no haberlo abandonado a su suerte, situándolo en la picota de la máxima responsabilidad tras aceptar que sus socios dieran “una patada a China en el trasero de Barcelona”, como ilustraba el economista Anton Costas su opinión en El Periódico. Habrá que comprobar si existe esta variedad de compromiso en las relaciones comerciales. En todo caso, sus interlocutores locales, a pesar del disgusto momentáneo, tiene razones múltiples para alargar el contrato, cuyo objetivo central es mantener vivo el impulso económico de los 500 millones anuales, afianzar la proyección de la ciudad sede tecnológica e incentivar el tejido industrial de este sector.

Las razones son fácilmente detectables. Ada Colau no puede permitirse la pérdida del Mobile porque la hemeroteca cruel facilitaría la acusación de desgana ideológica por el evento, en detrimento de los intereses económicos de Barcelona, a partir de sus opiniones contrarias al negocio del señor Hoffman de cuando no contaba con ser alcaldesa. La Generalitat, por su parte, sea quien sea el presidente independentista de turno, debería soportar una ofensiva feroz de la oposición y de las entidades económicas y sociales del país por atribuir la huida del Mobile a la inestabilidad ocasionada por el Procés, suposición que sería argumentada con las dudas por la edición de 2018 en la que dicha eventualidad fue considerada, según se ha sabido a posteriori. En el caso del gobierno central debería hacer frente a una acusación colectiva de administraciones y entidades catalanas por desamparo y desinterés ante los retos de Cataluña.