En el año 2015 Podemos y Ciudadanos agitaron el tablero político y, poco después, varios partidos regionalistas afloraron y ganaron enteros; lo que ha propiciado unos parlamentos mucho más fracturados, variables y, en algunos casos, inestables. El bipartidismo ha tornado en una suerte de geometría variable que pivota en torno a dos bloques, la izquierda, con los socialistas, los morados y sus socios; y la derecha, con PP, Vox y Ciudadanos. Ambos polos, por el momento, parecen irreconciliables y un gran pacto entre PSOE y PP no se atisba en el horizonte. Se ha abierto, así, el melón de la lista más votada. Alberto Núñez Feijóo lo ha planteado y Pedro Sánchez, ha ironizado al respecto, pero Emiliano García-Page sí ha recogido el guante del gallego.
En una entrevista en la Cadena COPE, el presidente de Castilla-La Mancha ha pedido que se estudie la opción de permitir a la lista más votada que gobierne; si bien ha advertido a los populares que “no conviene hacer pronunciamientos demasiado simplificadores” ya que habrá ayuntamientos comunidades autónomas donde la formación liderada por Santiago Abascal podría superarles en votos.
El castellanomanchego ha razonado que Vox es ahora el principal competidor, y de igual forma que los socialistas afrontaron el envite de Podemos, Génova deberá hacer lo propio. "Los partidos nuevos no querían eliminar el bipartidismo, querían quitar a dos partidos para estar otros dos, pero el PSOE no se ha dejado", ha afirmado.
Un arma de doble filo
García-Page, con todo, ha pedido no “despachar con alegría” el planteamiento de Feijóo puesto que la legislación electoral es un asunto muy serio como para tomárselo a la ligera y actuar en base a “ocurrencias”. Lo cierto es que el expresidente de la Xunta de Galicia nunca tuvo que recurrir a un argumento parecido ya que acumuló cuatro mayorías absolutas. Sin embargo, tiempo ha que lo solicita. Cuando Pablo Casado, en calidad de presidente del partido, era el comandante de la política de pactos, Feijóo le marcó una línea roja: no sentarse con Vox.
“No soy partidario de que Vox entre en los gobiernos”, dijo en junio de 2019. En lugar de articular pactos, abogó por lo que atinó a llamar “un plus de mayoría” para permitir que gobierne “la lista más votada”.
Ahora, este es el principal argumento que ha esgrimido en Castilla y León para justificar que haya permitido la integración de la extrema derecha en un ejecutivo por primera vez desde la Transición. El gallego alegó que Alfonso Fernández Mañueco había sido el más votado y el PSOE debía abstenerse para facilitar la investidura. Luis Tudanca, líder de los socialistas en Castilla y León, deslizó -al igual que Sánchez- que lo harían toda vez que Génova rompiera sus acuerdos con Vox en todos y cada uno de los puntos de la geografía española. Los populares se negaron arguyendo que los socialistas se apoyaban en los independentistas vascos, catalanes, y en los comunistas morados.
El presidente del Gobierno central respondió a Feijóo recordándole que en Andalucía, una de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, Juanma Moreno Bonilla no es la lista más votada (es el PSOE); como tampoco lo es en el Ayuntamiento de Madrid el alcalde José Luis Martínez-Almeida (es Más Madrid). Estos dos ejecutivos constituyen buques insignia vitales para Génova y, con el planteamiento de Feijóo, los perdería. Ni siquiera Isabel Díaz Ayuso habría sido presidenta antes del 4M, puesto que fue segunda por detrás del PSOE y tuvo que apoyarse en Ignacio Aguado (Ciudadanos). Estos ejecutivos constituyen buques insignia vitales para Génova y, con el planteamiento de Feijóo, los perdería.
Cordón sanitario
La otra opción sobre la mesa para evitar que la extrema derecha cope cotas de poder ejecutivo es levantar un cordón sanitario. Aislar a Vox mediante un pacto no escrito. Esta estrategia la abordan Daniel Ziblatt y Steven Levitsky en How democracies die (Cómo mueren las democracias) y la aplican algunos países del entorno europeo como Alemania: un gran consenso de los principales partidos que excluya los extremismos. En Francia, habida cuenta de que Marine Le Pen se medirá a Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones, comienza a deslizarse el mismo discurso: todos contra la extrema derecha.
El PNV ha redoblado la presión para que Feijóo se sume a este consenso, pese a que se antoja harto complicado. Los nacionalistas vascos, que acostumbran a urdir acuerdos puntuales indistintamente de si se trata de PSOE o PP, esperan no verse en la tesitura de tener que negociar con un Gobierno liderado por Génova apoyado en la ultraderecha. Máxime cuando en el País Vasco continúan pujando con EH Bildu. Cabe recordar que las derechas nacionalistas españolas no son bien recibidas en Euskadi. De los 18 escaños que se repartieron en las últimas generales, seis fueron para el PNV, cuatro para PSOE, cuatro para Bildu, tres para Podemos y uno para un PP residual que fue quinta fuerza. Es por ello por lo que la diputada del PNV en el Congreso Josune Gorospe ha abundado en la necesidad de que Feijóo “no se ponga de perfil" ante pactos como el que su formación ha alcanzado con Vox en Castilla y León.
