A lo largo de la legislatura el Gobierno siempre ha encontrado la fórmula para obtener el respaldo de una mayoría suficiente en el Congreso pese a ser la primera experiencia de coalición y fiar la estabilidad en grupos regionalistas cuando no independentistas. La aprobación de los últimos Presupuestos Generales del Estado, los terceros en tiempo y forma, demuestran que Pedro Sánchez atesora uno de los Ejecutivos más sólidos y consistentes del entorno europeo. Logró 20 votos más que en su investidura y no se veía una mayoría semejante desde tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso en los momentos más críticos, por ciencia infusa, logra sacar sus propuestas, como ocurrió con la reforma laboral, salvada por un único voto, el del diputado del PP Alberto Casero, que se equivocó al pulsar el botón desde su casa. No resulta sencillo ni mucho menos. PNV, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu son sus socios preferentes, además de los Más País y compañía. Lo son por su corpulencia parlamentaria, que decanta votaciones. Hay ocasiones en los que todos se sintonizan y, otros, en los que no. Ejemplo: el segundo paquete de medidas anticrisis, el que incluía la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante, lo salvó el sí de la izquierda abertzale ante el rechazo de un Grupo Republicano en rompan filas por el caso Pegasus. Este miércoles, el PSOE ha vuelto a asomarse al precipicio y, otra vez, lo ha atisbado con la suficiente distancia como para no caer.

Pintaban bastos para la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Mordaza. Cuatro puntos de fricción, cuatro artículos concretos, la bloqueaban y nadie cedía. O eso decían. El nuevo articulado se encontraba en fase de ponencia y la pasada semana estaba prevista la votación que enviase el informe a la comisión de Interior para que lo elevase al pleno del Congreso para su debate y votación definitiva. La reunión se retrasó después de que Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos, llamara a Patxi López para urgirle a retrasar la votación porque no darían los números. Aceptó y las partes se dieron una semana. Pocos avances se registraron en esos siete días. Uno, si acaso, relativo al artículo 17.2 sobre controles policiales, pero ninguno relacionado con los puntos discordantes. La votación tuvo lugar el miércoles. El día anterior, el martes, los socios asumían que podía decaer uno de los buques insignia legislativos. No fue así. ERC cedió in extremis. Casualidad o no, lo hizo el mismo día en que se oficializó el acuerdo entre el Govern de la Generalitat y el PSC por los Presupuestos.

Esquerra siempre ha insistido en que su trabajo es independiente, que no hay efectos dominó, que una negociación en Cataluña no desbloquea otras en Madrid, y viceversa. Su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha repetido hasta la saciedad en no pocas ruedas de prensa en el Congreso que su grupo se posiciona en función de si el objeto negociado implica avances o no, si es positivo para la ciudadanía o no. Solo ese criterio guía sus votaciones. Argumento difícil de creer en ese caso concreto, pues los vasos parecen comunicantes, aunque sí es cierto que en los últimos compases de la pasada semana resonaban los tambores de acercamiento entre los independentistas y los socialistas catalanes a falta de cerrar los flecos, cuyo eje central era el denominado cuarto cinturón de Barcelona.

Hubiera o no relación directa, fuera cierto o no que una cosa llevó a la otra, Moncloa, que acostumbra a hacer e interpretar gestos de sus socios, considera que la maquinaria se ha vuelto a engrasar y cree que la aprobación de los Presupuestos en Cataluña puede desencallar negociaciones importantes pendientes en Madrid. “La relación suele ser buena salvo algún momento crítico, pero existe voluntad y todos queremos trabajar para el acuerdo”, apuntan fuentes conocedoras de las negociaciones.

Mordaza y Vivienda

La reforma de la ley Mordaza y la ley de Vivienda son dos de las grandes promesas electorales y de la coalición. Habida cuenta de que entramos en el estadio final de la legislatura, el tiempo apremia y ninguna de las dos se ha concretado. La primera, Mordaza, amenazó con decaer esta misma semana de no ser por que ERC cedió. El rechazo frontal del PSOE a prohibir el uso de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente y su cerrazón a modificar la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad condenaban al articulado. Sin embargo, ERC permitió con su voto que la ponencia aprobara el informe y pase a la comisión de Interior. La diputada independentista María Dantas advirtió, no obstante, que “todavía nuestro voto es ‘no’ al texto como ha quedado hasta ahora, pero no queremos levantarnos de la mesa, queremos seguir dialogando y que haya movimiento, sobre todo del PSOE, en los principales escollos”.

El otro socio habitual, Bildu, se enrocó en el ‘no’. “En la Ponencia de hoy se ha vuelto a constatar que no hay acuerdo en los artículos más lesivos de la Ley Mordaza por los que más se sanciona. Que pase de ponencia a comisión no significa nada sobre el fondo”, explicó el diputado Jon Inarritu, quien ha insistido en que no se ha desencallado nada: “Estos debates los tendremos a partir de ahora en comisión, pero el bloqueo, lamentablemente, continúa. Espero que ahora en comisión la presión haga diamantes y se llegue a un consenso para desactivar los puntos más lesivos de la Ley Mordaza. De mantener el texto como está, seguiría manteniéndose una Ley Mordaza light, que EH Bildu no apoyará”.

Las advertencias son cristalinas, queda conocer si ambos mantendrán su órdago en el caso de que el Gobierno no tocara los antecitados artículos. Para esquivar el bloqueo, los socialistas han planteado abordar el asunto de las pelotas de goma en el articulado que regula las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y no en Mordaza. Asimismo, apuestan por dejar al margen la disposición adicional que recoge un régimen especial para Ceuta y Melilla por el cual “los extranjeros” detectados en la línea fronteriza que tratan de “superar los elementos de contención fronterizo” pueden “ser rechazados” a fin de “impedir su entrada ilegal en España". El PSOE esperaba que los socios aceptaran tratar este punto en la Ley de Extranjería para extirparla del debate, pero tanto ERC como Bildu se niegan porque no hay visos de ser modificada en lo que resta de legislatura.

En paralelo a Mordaza, la tramitación de Vivienda ha entrado en una fase crucial. El pasado martes 24 de enero se celebró la primera ponencia, que aunque no duró más de 25 minutos puesto que estaba agendada para las 11:30 horas y el pleno extraordinaria en el que comparecía Sánchez comenzaba a las 12:00, sirvió para revestir de optimismo la nueva norma. Según las fuentes consultadas tanto de los partidos de la coalición como de sus socios, hay avances importantes. Según ha podido saber ElPlural.com, la cúpula morada ha mantenido contactos con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en los que ésta se habría comprometido verbalmente a una serie de cuestiones que satisfacen sobradamente al socio minoritario. “Si es cierto lo que nos dijeron, no me cabe la menor duda de que habrá ley”, apuntan fuentes parlamentarias de Unidas Podemos. La cuestión es que desde el partido se ha urgido al Ministerio a remitirles la propuesta por escrito y “aún no hemos recibido los papeles”, pero esperan hacerlo.

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, garantizó que ve voluntad en el PSOE por sacar una ambiciosa ley a pesar de las presiones y los “intereses adyacentes”, según dijo en una entrevista en Salvados.

Los socios, todos, han acordado mantener las conversaciones bajo el más absoluto de los secretos para fomentar el entendimiento. Los dardos filtrados, las propuestas cruzadas o los comentarios a modo de ultimátum no acostumbran a ser buenos acompañantes en negociaciones tan difíciles. Y esta lo es, por tratarse de una ley tan simbólica para el bloque de investidura -el propio Gobierno la anunció en 2020 como uno de sus puntales estrella-, y por las diferencias entre las partes.

Moncloa está decidida a intervenir el mercado de la Vivienda y topar los alquileres, pero han de concretar flecos. El principal obstáculo es la definición de gran tenedor, que requiere establecer una cantidad de inmuebles a partir de los cuales una persona o entidad pueda considerarse como tal. El PSOE estipuló que el umbral sería de 10, pero los morados apuestan por reducir la barrera a cinco. Además, Unidas Podemos percute para disminuir el vacatio legis, esto es, el tiempo que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigor efectiva. El texto salido del Consejo de Ministros establece un periodo de 18 meses que los morados abogan por eliminar, pero que los socialistas admitirían rebajarlo hasta los seis. Así, de darse el caso, si la ley de Vivienda se aprobara en febrero, el control de los precios se implementaría en su totalidad en septiembre.

Moncloa lograría, en consecuencia, dos impulsos electorales. El primero en las semanas previas a la precampaña de las autonómicas y municipales en mayo, y el segundo, en la víspera de las generales. El articulado pondrá en un serio brete a las administraciones gobernadas por el Partido Popular ya que la regulación del precio de los alquileres será opcional para las comunidades autónomas, que deberán decidir si aplicarla, así como los ayuntamientos harán lo propio con la subida del IBI en las viviendas vacías.