El Partido Popular es perfectamente consciente del quilombo que pesa sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con motivo del escándalo de las residencias. El Gobierno regional ordenó a las residencias no hospitalizar a mayores en plena pandemia del coronavirus. Ante esto, que podría tener recorrido judicial, y para sacudirse las responsabilidades y cargarlas sobre Pablo Iglesias​, Pablo Casado ha elaborado un argumentario que pivota en torno a tres puntos, todos ellos basados en bulos. El primero es que el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ostentaba el “mando único”, lo cual ya se ha demostrado como falso con documentación oficial que pone de manifiesto que las competencias siempre fueron de las Comunidades Autónomas. En segundo lugar, Casado alega que Sanidad dio instrucciones para que se encerrara a los ancianos en sus habitaciones, otra fake new, pues Sanidad se limitó a pedir que no existiera contacto entre residentes y se mantuvieran distancias de seguridad. La tercera pata del argumentario insta a sus dirigentes a preguntar por los 300 millones de euros que Iglesias prometió para las residencias y que los populares insisten en que no llegaron. El problema es que un alto cargo de la formación, Enrique López, ha admitido en las últimas horas que ese dinero sí que ha llegado.

“Para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores, y este fondo de 300 millones va a emplearse para este fin”, dijo Iglesias durante una rueda de prensa en Moncloa el pasado 19 de marzo. 

El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, que fue aprobado en el marco del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia del pasado 20 de marzo, incluía esos 300 millones cuyo fin era reforzar las plantillas, la teleasistencia a domicilio, adquisición de medios de protección… En definitiva, todo tipo de materiales y recursos para atajar la crisis de las residencias.

El PP, rigiéndose por su argumentario, insta a sus dirigentes ahora a preguntar dónde están. En concreto, el texto difundido a los dirigentes del PP con instrucciones decía así: "¿Dónde están los 300 millones que prometió Iglesias para hacer frente al coronavirus en las residencias de mayores?". La propia Andrea Levy alegó lo siguiente este mismo jueves en una entrevista en Al Rojo Vivo: “¿Por qué se ha desentendido de esta cuestión? ¿Dónde están esos 300.000 millones que dijo que se iba a poner a servicio del Covid y las residencias? ¿Por qué el Gobierno deja la pelota en el tejado de las comunidades cuando tiene él el mando único ahora mismo?”.

Pues bien, todo este argumentario se ha caído en el momento en que el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y y secretario de Justicia e Interior a nivel nacional en Génova, Enrique López, ha reconocido que el dinero sí que llegó.

En una entrevista concedida a El Confidencial, López admite que “el 19 de marzo hizo [Iglesias] una rueda dede prensa junto al ministro de Sanidad donde, además de comunicar la aprobación de una orden ministerial de Sanidad, que se trataba sobre centros de mayores y cómo atenderlos en caso de coronavirus, advertía de que iba a ofrecer dinero, que efectivamente llegó a las comunidades autónomas”. Repetimos lo último: “Que efectivamente llegó a las comunidades autónomas”.

Con estas palabras, el consejero de Justicia de Ayuso admite que el dinero prometido por Iglesias fue entregado a las Comunidades Autónomas en tiempo y forma.

Cabe destacar, que a estos 300 millones líquidos habría que sumarle otros 300 fruto de la flexibilización de la regla de gasto. En total, un paquete de 600 millones de euros que el propio López reconoce que recibieron. ¿Cómo? A través del Fondo Interterritorial, donde hubo polémica durante el reparto porque Madrid, la región más azotada por la pandemia, no fue la que más recibió. Así las cosas, y con las variables ponderadas por el Gobierno central, Andalucía fue el territorio que más dinero recibió (51,7 millones de euros), seguida de Cataluña (45,5 millones); Madrid (38,8 millones) y la Comunidad Valenciana (30 millones).

El tuit y la comisión

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid, siguiendo las instrucciones de Casado, lanzó un tuit el pasado 8 de junio en el que denunciaba que el líder de Podemos “asumió las responsabilidades bajo el mando único y anunció 300 millones para las residencias, ¿dónde están? Lo único que ha hecho es lo mejor que sabe hacer: politizar el dolor”.

Cuatro días antes de la publicación de este tuit, el 4 de junio, Pablo Iglesias ya había explicado en la Comisión parlamentaria de Derechos Sociales que “el fondo social extraordinario de 300 millones destinado a paliar las consecuencias sociales de la COVID y cuyo reparto ya fue discutido y aprobado en consenso con las comunidades autónomas”.

La diputada del PP Alicia García, portavoz en la comisión, no solo estaba presente, sino que intervino. Por tanto, García también conocía el origen y destino que tuvieron los 300 millones, no había más que preguntarle para responde a la cuestión de dónde está el dinero.

En el siguiente vídeo se puede ver el momento exacto en el que Iglesias lo relata ante la atenta mirada de la parlamentaria del Grupo Popular:

Haciendo una cronología de los hechos, y para solventar la duda del millón del PP: el 19 de marzo Iglesias anuncia 300 millones de euros para atajar la crisis de las residencias de ancianos, las Comunidades Autónomas acordaron el reparto, el 4 de junio Iglesias lo explicó en la Comisión de Derechos Sociales a la que una diputada del PP acudió. Cuatro días después el PP inicia una campaña para culpar a Iglesias preguntando dónde están y el día 12 Enrique López admite que sí que llegaron.

El bulo de las residencias

El PP ya juega la carta de que Iglesias era el responsable de las residencias para salvar a Ayuso, pero la maniobra tiene poco recorrido ya que es rigurosamente falso, pues las competencias siempre han sido de las comunidades autónomas.

Así figura en el Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid del año 1983, donde figura que el Ejecutivo regional será el encargado de la “promoción y ayuda a la tercera edad [...] incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación”.

Además, el Real Decreto del estado de alarma del pasado 14 de marzo especificaba en su artículo 6 que “cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma”. En otras palabras, la gestión de los centros de mayores siempre fue competencia del Gobierno de Ayuso.