Más de 6.000 mayores que vivían en residencias han fallecido a causa de la covid-19 en la Comunidad de Madrid. Una situación dramática para miles de familias totalmente abnegadas reclamando justicia para un sector empobrecido sistemáticamente, al que se le han visto las costuras y del que es necesario rendir cuentas a la mayor brevedad posible. Justicia porque son muertes menos llevaderas a medida que se conocen nuevos datos sobre las medidas de derivación hospitalaria puestas en marcha por el mando único liderado por el consejero de Sanidad y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ruiz Escudero.
La Comunidad de Madrid confirmó que envió un protocolo de actuación a residencias y hospitales en el que de forma totalmente fría se cribaba qué ancianos serían remitidos a hospitales en caso de necesidad y quiénes, por el contrario, atendiendo a sus condiciones físicas y motoras, serían rechazados. Un “error”, según aseguró Ruiz Escudero, que fue cometido pese a los constantes avisos de propios y extraños, como se vislumbró después de que se filtraran los correos electrónicos del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, en los que se utilizaban términos como “discriminación de consecuencias legales” que abocarían a muertes “de forma indigna”.
Pero este ominoso capítulo no es el único. Este miércoles ha trascendido que estas órdenes de derivación hospitalaria que excluían a ancianos de un tratamiento óptimo también fueron remitidas a los centros de salud. Como ha adelantado el diario El País, el protocolo explicaba que se preveía una “situación excepcional y de catástrofe”, con el aumento de pacientes de coronavirus, y daba indicaciones para “priorizar la asistencia”.
Sabedores de la ignominia que se cierne sobre Ruiz Escudero e Isabel Díaz Ayuso, el PP ha decidido salir en defensa de los plenipotenciarios de su joya de la corona, expuestos durante toda esta crisis como protagonistas del buen hacer frente al Gobierno. Para ello se han servido de un bulo que reproducen con asiduidad pero que está muy alejado de la verdad. Responsabilizando a Pablo Iglesias de la grave situación que atraviesan las residencias -privatizadas, sin personal suficiente y no medicalizadas todavía-, echan balones fuera y se lavan las manos, pero ¿quién era el responsable de las residencias durante la pandemia?
El BOE reforzó el poder para las CCAA
En España, las competencias sobre los centros de servicios sociales, entre los que se incluye a las residencias, están transferidas a las comunidades autónomas al amparo del artículo 148 de la Constitución. Es la Ley de Dependencia la que marca en su artículo 11 que las administraciones regionales deben encargarse de gestionar los servicios necesarios, establecer los procedimientos de coordinación sociosanitarios que procedan, inspeccionar el cumplimiento de los estándares de calidad y evaluar periódicamente el funcionamiento del sistema en su territorio.
El estado de alarma, que limitó ciertas libertades a los ciudadanos y requirió información competencial a las comunidades autónomas, absorbiendo desde el mando único algunas líneas de actuación, no limitó, sin embargo, el poder operativo de las administraciones regionales en las residencias. Es más, les concedió más poder, tal y como plasman los textos del Boletín Oficial del Estado (BOE) con fecha del 21 y el 24 de marzo.
En la primera fecha se habilitó a las comunidades autónomas para “modificar la prestación de servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo de personal sanitario vinculado con las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios, con independencia de su titularidad pública o privada, así como la correspondiente a ese tipo de personal vinculado con atención primaria o atención hospitalaria o especializada extrahospitalaria, en su caso, para adaptarlos a las necesidades de atención en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios”.
Una orden en la que se incluían medidas de higiene, aislamiento, dotación de recursos y directrices sanitarias en la que, tal y como recoge el texto, correspondía “a las autoridades sanitarias competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la eficacia de lo dispuesto”.
Tres días más tarde, el 24 de marzo, las competencias de las comunidades autónomas se vieron todavía más fortalecidas dotándolas de poder de intervención a fin de poder proporcionar “información veraz y ajustada al sistema de información vigente, sobre las características físicas del centro personal y residentes/pacientes del mismo”.
El PP da orden de culpar a Iglesias
Ni la legislación vigente ni la falsedad probada de sus afirmaciones han limitado a Pablo Casado al responsabilizar al Gobierno de la situación en los centros de mayores madrileños. Tal y como ha publicado ElPlural.com, Génova ha pedido por escrito a todos sus dirigentes que despejen las dudas achacando la situación a Pablo Iglesias.
Javier Maroto en el Senado o Rafael Hernando en Twitter no han dudado en seguir a pies juntillas las directrices de su partido: “A ver, Coletas. La orden de confinar a los mayores en sus habitaciones de las residencias fue del Ministerio de Sanidad. El responsable de los Mayores eras tú como vicepresidente, y además de saltarte la cuarentena, eres coautor de la catástrofe sanitaria, económica y social en España”, tuiteó Hernando.
