En los últimos días el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recibido una dura estocada tras trascender que la consejería de Sanidad, con Enrique Ruiz Escudero al frente, ordenó a las residencias no hospitalizar a mayores en plena pandemia del coronavirus. Los protocolos enviados a los centros, que al menos serían cuatro, podrían tener incluso recorrido judicial ya que, como reconoce el propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), en uno de los correos filtrados, se les condenó a morir en condiciones indignas. El Partido Popular es perfectamente consciente de la losa que pesa sobre Ayuso y su Ejecutivo en estos momentos y Pablo Casado ha dado instrucciones a los suyos para culpar a Pablo Iglesias aún a sabiendas de que las competencias en las residencias han pertenecido en todo momento a las comunidades autónomas.
La dirección popular ha pedido por escrito a todos sus dirigentes y representantes que enciendan el ventilador y señalen al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 como el único responsable del escándalo de las residencias. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Javier Maroto, ya lo puso en práctica durante la sesión de este martes, cuando denunció que Iglesias fue “un irresponsable que no adoptó una sola medida”.
Pero Maroto no fue el primero en ejecutar la maniobra de Casado. El exportavoz en el Congreso y actual senador, Rafael Hernando, ya hizo lo propio en Twitter, recurriendo a sus ya habituales bulos: “A ver, Coletas. La orden de confinar a los mayores en sus habitaciones de las residencias fue del Ministerio de Sanidad. El responsable de los Mayores eras tú como vicepresidente, y además de saltarte la cuarentena, eres coautor de la catástrofe sanitaria, económica y social en España”.
El bulo de las residencias
El PP jugará la carta de que Iglesias era el responsable de las residencias para salvar a Ayuso, pero la jugada tiene poco recorrido ya que es rigurosamente falso, pues las competencias siempre han sido de las comunidades autónomas.
Así figura en el Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid del año 1983, donde figura que el Ejecutivo regional será el encargado de la “promoción y ayuda a la tercera edad [...] incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación”.
Además, el Real Decreto del estado de alarma del pasado 14 de marzo especificaba en su artículo 6 que “cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma”. En otras palabras, la gestión de los centros de mayores siempre fue competencia del Gobierno de Ayuso.
De hecho, la presidenta regional le despojó al consejero naranja Alberto Reyero de las competencias, que recayeron en la consejería de Sanidad, desde donde se expidieron hasta cuatro protocolos para no hospitalizar mayores. Desde el Gobierno de Ayuso han alegado que estas órdenes se enviaron “por error”.
Rafael Hernando hacía referencia a un documento del Ministerio de Sanidad que está circulando por redes sociales en el cual pareciera que el Gobierno daba instrucciones de encerrar a los ancianos en sus habitaciones para que no fueran hospitalizados. Esto no es sino una fake new.
El documento existe y es cierto, pero no se pedía a los centros de mayores que se les encerrara para evitar ser trasladados al hospital, sino limitar los movimientos de las personas que hubieran tenido contacto con contagiados.
¿Residencias medicalizadas?
El Gobierno de Ayuso anunció el 12 de marzo un Plan de choque contra el Covid-19 que, entre otras cosas, proponía medicalizar residencias, un compromiso que adquirió pero nunca cumplió.
Los sanitarios no llegaron, los respiradores tampoco y, entretanto, la Comunidad de Madrid alardeaba de Ifema y de enviar personal sanitario a otras regiones para ayudar. Incluso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo que obligar a Ayuso a medicalizar cuatro residencias de Alcorcón tras la denuncia del Ayuntamiento de la localidad.
Alberto Reyero denunció tanto en público como en privado toda esta cadena de errores, lo que ha derivado en un profundo cisma entre Ciudadanos y PP en Madrid de consecuencias aún imprevisibles.
