El próximo lunes 21 de junio decae el estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez y con él la desescalada, por lo que habrá territorios que pasen directamente de fase 2 a la “nueva normalidad”, sin pisar el peldaño intermedio de la fase 3. Es entonces cuando todas las competencias recaen nuevamente en las comunidades autónomas, que ya se preparan para la que se avecina con la mirada puesta en posibles rebrotes. Ante este riesgo, los presidentes regionales ultiman sus respectivos planes, dándose un curioso denominador común: los barones del Partido Popular, cuyo partido se oponía al estado de alarma, están presionando para cercar Madrid y Barcelona como medida preventiva en caso de nuevos contagios.

Compañeros de partido de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, maniobran para elaborar una ley que limite la circulación entre territorios para, entre otras cosas, cerrar la capital al resto de puntos de la geografía española por temor a rebrotes.

El primero en prender la mecha fue Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta, quien en una rueda de prensa insistió en la necesidad de desarrollar reformas legales que amparen la restricción de movilidad en determinados territorios que puedan presentar nuevos focos de contagio: "Le volví a insistir al presidente que es imprescindible dotarnos de capacidad legal para actuar en caso de rebrotes localizados. Imaginemos un rebrote en un territorio, un municipio, una ciudad. ¿No será más lógico, más responsable y más útil para poder acotar y regular la circulación en estas zonas en lugar de no hacer nada para impedir la propagación del virus?”. Y añadió: “¿Qué ocurre si Madrid o Barcelona no están en situación de levantar el estado de alarma?”.

La postura del PP a nivel nacional es una incógnita. Fuentes de la formación consultadas por ElPlural.com se limitan a remitir a los presidentes autonómicos. Pablo Casado se ha mostrado proclive a la aprobación de una nueva ley sanitaria a caballo entre el estado de alarma y la nada para que exista un precepto que permita a los gobiernos regionales actuar e impida al Ejecutivo central acaparar el mando único.

“Es inaudito que el Gobierno diga que no hay plan B y que debía haber estado de alarma más allá del 1 de julio y ahora levante el 21 de junio todas las restricciones sin decir qué hará en caso de rebrotes”, denuncian fuentes de la dirección nacional del PP a este periódico. Recuerdan también que “el PP siempre dijo que el Gobierno tiene instrumentos jurídicos ante cualquier contingencia y lo que debe explicar es si piensa hacer algo mas que recomendar lavarse las manos o el uso obligatorio de mascarillas q siempre desaconsejo”.

Sobre las declaraciones de Feijóo, consideran que “es lógica la preocupación del presidente Feijoo y lo que esperamos es que el gobierno dé una respuesta. En el Plan B del PP ya había instrumentos como la huella digital para garantizar una movilidad segura”.

Al igual que Feijóo, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamando “un marco jurídico que permita el control de la movilidad y una respuesta con mayor eficacia, con mayor agilidad y con mayor flexibilidad”. De hecho, Mañueco ha pedido al Ministerio de Sanidad dejar a las provincias de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria en Fase 2 desde el lunes por ser limítrofes con Madrid.

ElPlural.com ha contactado con el Gobierno de Mañueco a fin y efecto de conocer si, concretamente, confinarían Madrid ante un presunto rebrote. Por el momento, según argumentan, pretenden "mantener la movilidad como estaba, entre provincias”, pero “a partir de la semana que viene la idea es que se restablezca la nueva normalidad y habría que ver alguna especificidad”. “Por el momento no nos cerramos a Madrid”, sentencian.

Los gobiernos socialistas, más laxos con Ayuso

Feijóo, Mañueco, López Miras… Varios son los barones que están presionando a Sánchez para cerrar Madrid, comandada por Ayuso, lo cual resulta poderosamente llamativo por varios motivos. El primero es que son dirigentes del PP abogando por restricciones propias de un estado de alarma, al cual Casado se ha opuesto reiteradamente. El segundo es que los presidentes autonómicos populares son los que presionan para cerrar la región liderada por Ayuso, mientras los socialistas piden cautela y no estigmatizar territorios.

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page (PSOE) apuntan que “prudencia hay que tener con todos”, no solo con Madrid, aunque haya más casos. En este punto, consideran que el foco de Madrid les afectó sobre todo en el punto álgido “de la expansión” de la pandemia por la cercanía, pero “una cosa es como estaban en marzo y abril” y otra en la actualidad. Además, subrayan que sería draconiano “pedir que algunos no se muevan” hasta que haya cero contagiados.

“No se puede estigmatizar territorios”, precisan, porque “no sería justo”: “Hoy puede ser Madrid y mañana Castilla-La Mancha”.

En otro orden de cosas, se muestran sorprendidos por que “los barones de un partido que ha criticado el estado de alarma” sean quienes estén maniobrando en dicha dirección.

En la misma tónica se mueve el Gobierno valenciano, desde donde ponen el foco en la responsabilidad personal y piden financiación par apoder atajar la crisis y garantizar las medidas de seguridad y protección.

Así lo ha sostenido públicamente en una declaración institucional el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien ha afirmado que llega “la recta final de esta dura etapa” en la que pide “responsabilidad individual, solidaridad colectiva y confianza entre nosotros”.

El gobierno de Cantabria, presidido por Miguel Ángel Revilla, al igual que los socialistas, hace un llamamiento a “no demonizar a nadie”. En consecuencia, no trabajan para articular leyes que habiliten a confinar territorios concretos, sino que hacen hincapié en reforzar las medidas de precaución y seguridad.