En la mañana del lunes, Pablo Casado tendió la mano a Pedro Sánchez tras una reunión con los alcaldes de Madrid y Zaragoza con el fin de “colaborar” con el Gobierno de cara a “cualquier tipo de contingencia futura”. El líder de la oposición instó al jefe del Ejecutivo a negociar en pos de una movilidad segura en caso de posibles confinamientos, aunque se ciñe a su proyecto “Activamos España”
Fuentes de Génova consultadas por ElPlural.com remarcan que el dirigente del Partido Popular ha ofrecido su mano tendida para alcanzar acuerdos sectoriales (sanidad, social, judicial…). No obstante, la negociación entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición debería enmarcarse en el “Pacto Cajal” que tanto ha aireado el propio Casado en el Congreso durante este estado de alarma.
Los conservadores rechazan el decreto de un nuevo estado de alarma si, tal como se prevé, se produce un rebrote de Covid-19 a medio plazo. El Partido Popular ha mostrado su reiterado rechazo a las prórrogas de la alarma y ha puesto sobre la mesa su “Pacto Cajal” en el que se incluye, entre otras cosas, una alternativa para las restricciones de movilidad en caso de un nuevo confinamiento.
Este plan consta de diez puntos entre los que consta el uso de mascarillas obligatorias por parte de la ciudadanía, test masivos a la población así como la creación de una aplicación que determine “una huella digital” que definen como una suerte de “pasaporte epidemiológico” con el fin de que las personas que hayan pasado la enfermedad puedan tener “libertad de movimientos” y los contagiados avisen a sus contactos de manera automática.
Es en este punto donde hacen especial hincapié en Génova para negociar con el Gobierno. Su plan B por una movilidad controlada pero sin las restricciones derivadas de un estado de alarma, tan denostado desde las filas populares durante en este último tramo de la crisis sanitaria.
Además, el líder del Partido Popular hace énfasis en la existencia de otras leyes ordinarias que eviten el confinamiento de la ciudadanía, aunque el Gobierno mantiene que la única opción viable pasa por el decreto de un nuevo estado de excepción que daría pie, de nuevo, a la creación de un mando único que los conservadores pretenden evitar a toda costa.
Madrid y los barones
La restricción de la movilidad es un asunto que está trayendo de cabeza al Partido Popular en los últimos días. El fin del estado de alarma va a dar libertad de movimientos a lo largo y ancho del territorio nacional a todos los ciudadanos. Esto ha generado una preocupación especial en algunas de las regiones dominadas por el PP.
Alberto Núñez-Feijóo ha sido el más claro de todos los barones del Partido Popular. De hecho, ha sido el único que se ha pronunciado públicamente al respecto. Durante una entrevista en la Cadena SER, el presidente gallego admitió que España debería contar con “una ley de salud pública que impida la movilidad”. Así se pronunció tras ser preguntado por el fin del estado de alarma, sin paso por la fase 3, de dos de los principales focos durante la pandemia, Madrid y Barcelona.
Sus declaraciones han levantado ampollas en la Puerta del Sol. Su compañera de partido y presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha censurado las palabras del jefe del ejecutivo gallego y ha lamentado la “madrileñofobia”, alegando que el “Covid no entiende de fronteras ni de regiones”.
Sin embargo, otros barones populares comparten la preocupación de Alberto Núñez-Feijóo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado “un marcado jurídico que permita el control de la movilidad y una respuesta con mayor eficacia, agilidad y flexibilidad”.
Mañueco ha instado al Ministerio de Sanidad a dejar a las provincias de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria en fase 2 desde el lunes debido a su cercanía con la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso.
Este temor por la proximidad que existe en Castilla y León no ocurre con Castilla-La Mancha. Fuentes del Ejecutivo regional, presidido por el socialista Emiliano García-Page, subrayan que "hay que tener prudencia con todos" y no sólo con Madrid.
Consideran que el foco madrileño les afectó, sobre todo, en el momento cumbre de la "expansión" de la pandemia debido a la proximidad. Sin embargo, alegan que "una cosa es como estaban en marzo y abril" y otra muy diferente a la situación actual. Además, sostienen que sería drástico pedir que "algunos no se muevan" hasta conseguir cero contagios.
En Murcia, en cambio, están preparando “un plan” para esta nueva etapa que aglutinará “todas las posibilidades” en caso de un rebrote. Además, se establecerán los protocolos de actuación para “bares, restaurantes y comercios”. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha recordado que los primeros 98 casos de coronavirus en su región fueron importados desde Madrid, Comunidad Valenciana o Italia.
Fuentes de Génova han mostrado su 'empatía' hacia Alberto Núñez Feijóo y el resto de barones populares que han mostrado su preocupación ante la libertad de circulación que supondrá la caída del estado de alarma. “Es lógica la preocupación de Feijóo y lo que esperamos es que el Gobierno dé una respuesta”, aclaran.
Estas mismas fuentes ven “inaudito” que el “Gobierno dijera que no hay plan B y que debía de haberse prolongado la alarma más allá del 1 de julio” y, en cambio, ahora, “se levanten todas las restricciones el 21 de junio sin decir qué hará en caso de rebrotes”. Justifican que el PP siempre mantuvo que el Ejecutivo contaba con “instrumentos jurídicos” alternativos ante cualquier tipo de “contingencia”. Además, recuerdan que en el plan B de los conservadores ya se incluía la “huella digital” para controlar el movimiento.
